El presidente Alberto Fernández defendió la intervención de la empresa Vicentin, al sostener en declaraciones a Radio 10 que el Gobierno “está rescatando una empresa de la quiebra”. Además, insistió con que se trata de una decisión “excepcional” que busca preservar los empleos y salvar a una compañía de un sector clave para el país.
“La empresa está en concurso de acreedores y lo que a nosotros nos preocupa es que Vicentin quede en peores condiciones de lo que está. Lo que estamos haciendo es rescatarla de la quiebra, y (desde la oposición) plantean que es una decisión arbitraria. El mercado agrícola para nosotros es muy importante y por ello tenemos que preservar esta empresas para que siga actuando en el mercado internacional”, afirmó Alberto Fernández.
“La medida (intervención y expropiación) no tiene vocación de perseguir a nadie, queremos que Vicentin siga siendo argentina”, dijo y aseguró que había un «riesgo» de que una competidora multinacional extranjera la compre a un precio muy bajo.
El Presidente dijo que “la empresa está en concurso de acreedores y lo que a nosotros nos preocupa es que Vicentín no quede en peores condiciones de lo que está”. Afirma también que la expropiación “es una medida excepcional” y que espera “que no ocurra nunca más”.
Por otro lado, negó haber hablado sobre la situación de Vicentin con su antecesor, Mauricio Macri. Cabe recordar que durante la gestión de Cambiemos se le otorgó a la agroexportadora un crédito multimillonario que luego dijo que no podía pagar. Además, la empresa fue una de las mayores aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio.
Alberto Fernández sostuvo que la expropiación «siempre tiene un precio» y que ahora se abre una etapa para sanear la empresa.
Deuda
Por otro lado, el presidente Alberto Fernández no descartó extender el plazo de renegociación de la deuda con los acreedores por otros 10 días más y ratificó que busca lograr un acuerdo sustentable para la Argentina. «Vamos a mejorar la oferta», anunció en diálogo con Radio 10.
«Está claro que buscamos un acuerdo con los acreedores», afirmó. «La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina», añadió el mandatario durante la entrevista radial en el «pase» de los programas Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre, y Buenos Vecinos, de Pablo Duggan.
«No quiero vivir en un país que paga la deuda o a los jubilados», subrayó el jefe de Estado. Esta semana un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que la diferencia entre la oferta de canje de deuda del Gobierno y lo que piden los acreedores externos podría llegar hasta u$s8.000 millones, equivalentes a 4.234 hospitales modulares de emergencia, 32 millones de jubilaciones mínimas, 167 millones de AUH o 55 millones de pagos de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE).
Ferández reveló que esta tarde volverá a dialogar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los últimos movimientos de los acreedores, y recién en ese momento definirá extender los plazos nuevamente. Si se confirma, la renegociación se extiende hasta el lunes 22 de junio.
La primera fecha de vencimiento y la consecuente posibilidad de caer en default fue la del 22 de mayo pasado. Luego, se prorrogó dos veces más: hasta el 2 de junio y luego al 12 de junio.
La oferta inicial implicaba pagar 7,8% del PBI actual durante los próximos cuatro años solo en este tipo de deuda y hasta un 20,8% del PBI actual en los próximos 10 años, en deuda externa privada. En esa alternativa el Gobierno buscó una quita del 62% sobre los intereses y 5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia de tres 3 años (recién en 2023 se pagarían intereses). Esa quita del 62% implicaba un recorte de u$s37.900 millones en intereses y u$s3.600 millones en capital, un 11,8% del PBI actual, sumando el recorte de intereses y capital.
Pero la primera oferta fue rechazada por el 80% del total de los acreedores y el Poder Ejecutivo decidió dos extensiones en las negociaciones, con una nueva propuesta. Esa nueva oferta incluida quita de capital para algunos bonos de entre 12% al 7% (lo que implicaría una oferta de entre 47 y 48 centavos de dólar por cada dólar negociable), reducción de un año del plazo de gracia y adelantamiento del cronograma de pagos de varios bonos e inclusión de un bono que paga cupón a partir de 2022.
Al mismo tiempo, surgió una “reducción” de las pretensiones de los acreedores: pasaron de una oferta de unos 65-70 centavos a unos 54 centavos por cada dólar negociable. “La diferencia actual radicaría en siete centavos de dólar por cada dólar de deuda a reestructurar. En términos numéricos, la diferencia actual es aproximadamente de entre u$s4.500 y u$s8.000 millones”, recalcó el trabajo elaborado por el Módulo de Políticas Económicas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.
Espionaje ilegal
El presidente Alberto Fernández anticipó también que el Gobierno intervendrá el Servicio Penitenciario Federal, en el marco de la causa por espionaje ilegal durante la gestión del macrismo, que investiga escuchas y seguimientos de Inteligencia a dirigentes políticos de todos los sectores y a familiares y abogados de quienes estuvieron presos por casos vinculados al ámbito político.
“Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, dijo el Presidente sobre la causa de espionaje ilegal que se lleva adelante en los tribunales de Lomas de Zamora.
En esa causa están afectados como víctimas del espionaje ilegal dirigentes como la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
