El diputado provincial Juan Carlos Amarilla (Juntos por el Cambio-UCR), junto a sus pares Andrea Tassel y Ricardo Carbajal, del mismo bloque, presentaron el proyecto de ley de creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ejerza el control y garantice la transparencia de la gestión pública. Esta Iniciativa fue un compromiso de campaña de Amarilla y se convirtió en su primer proyecto de ley presentado a la Legislatura local.
29 años de mora con la Constitución Provincial
«Este organismo de la constitución está contemplado en el artículo 152 de la Constitución Provincial desde sus dos reformas en 1991 y 2003 pero hasta la fecha no fue instrumentada por la ley correspondiente, lo cual es necesario subsanar en forma urgente, porque es una mora injustificada que ya tiene 29 años», explicó Amarilla.
Además, resaltó que en los fundamentos del anteproyecto se deja en claro la búsqueda del cumplimiento constitucional que en el espíritu del legislador no existe ánimo persecutorio sino de transparentar la gestión pública de cara al pueblo.
«Es obvio -acotó- que la actual complejidad que ha adquirido la Administración Pública, impone la necesidad de la especialización de sus cuadros con miras a resguardar el correcto desenvolvimiento de quienes deben asumir las funciones de gobierno y del personal que se halla vinculado al Estado Provincial».
Agregó que, por ello, se estima conveniente y necesario disponer la creación de un órgano específico cuyo cometido garantice a la comunidad el correcto comportamiento de los funcionarios y empleados, en el ejercicio de sus funciones públicas administrativas.
«A tal objetivo se tiende, mediante la creación de un organismo especializado con aptitud legal suficiente como para encarar las investigaciones que exigen los hechos o conductas que aparezcan como reprochables en el seno de la administración pública», recalcó.
También el legislador radical apuntó la importancia vital que tiene para el sistema republicano «dotar al Estado Provincial de un organismo no sometido a la dependencia de ningún otro órgano, acordándosele la jerarquía máxima de la Administración y sólo por debajo de la Jefatura ejercida por el Poder Ejecutivo».
Asimismo -prosiguió Amarilla- para garantizar su inamovilidad, quien ejerza la titularidad de este organismo contará con acuerdo de la Cámara de Diputados y sólo podrá ser removido por pérdida de su buena conducta, y por el procedimiento establecido en nuestra Constitución.
«A su vez no sólo se contemplan las facultades del nuevo órgano, en orden a la investigación de ilícitos penales en la órbita administrativa, sino que por razones de especialización se le acuerda también la función de sustanciar los sumarios por faltas meramente administrativas, de conformidad a la legislación vigente», aclaró.
Carbajal
Por su lado, el diputado Ricardo Carbajal señaló en relación a este proyecto del cual es también firmante que «es imprescindible comprender que no contar con una ley que vele por la transparencia de la administración pública, además de vulnerar el orden constitucional, genera en la sociedad la justificada sospecha que estos poderes no tienen intereses en facilitar la investigación de las actividades administrativas, y ello solo puede responder a una franca incompetencia para el cargo o complicidad con dichos actos».
Tassel
De la misma forma, la legisladora clorindense Andrea Tassel que acompaña este proyecto manifestó que lo hace en el convencimiento de que este tipo de proyectos son necesarios para que la tarea administrativa de quienes nos gobiernan recupere credibilidad, especialmente de los jóvenes, en la comprensión de que todos podemos ser controlados por esta fiscalía que por sí o por denuncia de terceros pueden investigar y si correspondiera impulsar las denuncias penales que correspondan.
