El diputado provincial por Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla, denunció despidos «arbitrarios» en la obra social del PAMI, delegación Formosa, tanto en la agencia central como en las delegaciones.
Atribuyó estos despidos «sin causa justificada» a una persecución «sobre la base ideológica diferente al de la administración nacional actual».
La denuncia y el pedido que la Legislatura intervenga se plasmó en un proyecto de declaración, expediente 90/20, impulsado por Amarilla, acompañado por sus pares Osvaldo Zárate, Andrea Tassel, Adrián Malgarini, Mirna Molinas y Noelia Luna.
«El gobierno nacional sin dudas se está manejando con un doble mensaje, por un lado, dicta los decretos 329 y 487/20 y su prorroga 624/20 por la que prohíbe los despidos y suspensiones, pero exceptúa a la administración pública nacional en el art. 6° todo lo cual revela que hay un plan de alcance nacional para despedir sistemáticamente a todos aquellos que no comulguen políticamente con el gobierno nacional», alertó Amarilla.
Reveló que «los trabajadores despedidos en Formosa a la fecha (tres en total) son de planta permanente y no registra antecedentes una medida de estas características y mucho menos en plena pandemia o en plena vigencia de la emergencia pública en todo el territorio nacional».
«De hecho, en la administración del presidente Mauricio Macri en el territorio formoseño, en el PAMI, no registró ni un sólo despido aún de aquellos que estuvieran en planta transitoria», contrastó.
Luego el legislador radical recordó los dichos del presidente Alberto Fernández, quien «calificó a los autores de los despidos en plena emergencia por pandemia como ‘miserables'».
«Pero, sin embargo, pese a esa declaración del actual Presidente, de manera absolutamente contradictoria y mezquina les quita el sustento a trabajadores por razones políticas o ideológicas que creíamos superado tras 37 años de vigencia del sistema democrático en la Argentina», enfatizó el legislador.
Dijo que esta medida «provoca innecesariamente un nefasto precedente de despidos injustificados en la administración nacional de trabajadores en planta permanente, en clara violación de la normativa vigente que asegura la estabilidad del empleado público siempre que mantenga su buena conducta y cumpla con su trabajo. Rompen sin dudas con la necesaria convivencia que debe existir entre quienes gobiernan y a quienes el pueblo otorgó la responsabilidad de ser opositores».
Por ello, en el proyecto de declaración reclama que la Legislatura pida el cese de los despidos y la reincorporación de los trabajadores ya desafectados.
