Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- Regional Formosa manifestaron su preocupación y repudio ante la detención de Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete y Francisco Luna -tres originarias de la comunidad wichí- quienes «en un acto de solicitud desesperada, reclamaban por la mala atención y el maltrato que recibían sus familiares alojados en un centro de aislamiento preventivo de la localidad de Ingeniero Juárez».
Desde la Asamblea explicaron que entienden lo complejo del contexto actual y de la situación epidemiológica en la provincia, y en particular en esas localidades, donde «sabemos que se requiere rigurosidad en las medidas de seguridad sanitaria y evitar la propagación del virus considerando que el bien mayor es la salud colectiva».
«Consideramos además que dichas medidas necesitan de la colaboración de la población con actitudes de autocuidado y cuidado mutuo, para lo cual, se requiere de información clara y precisa, brindada de manera sencilla, que sea oportuna y favorezca la toma de conciencia de la responsabilidad personal frente a la pandemia», se indicó.
Seguidamente, se agregó que «las actitudes arbitrarias, de prepotencia, que inducen el temor y solo buscan obediencia y control no conducen a una estrategia que combine la perspectiva sanitarista con la humanitaria, que sea respetuosa de la dignidad de las personas. Mucho más en este caso que requiere de un abordaje desde la interculturalidad»
Asimismo se mostraron preocupado por la «criminalización» de un legítimo reclamo «como también el descuido o la invisibilizarían de toda una serie de acciones que se vienen realizando en las comunidades, que no se condicen con un trato digno, cuidado y respetuoso de las personas involucradas, tales como traslados forzosos y de manera disruptiva, ausencia de información clara con respecto al destino de los familiares con la consecuente fragmentación de las familias, entre otras medidas que denotan arbitrariedad y un accionar que bordea lo represivo».
«Entendemos la desesperación de los hermanos ante la incertidumbre por la escasa información y el sufrimiento de sus seres queridos, por lo que demandan con los medios que tienen a su alcance en el intento de ser escuchados/as», se insistió.
A continuación, solicitaron la liberación inmediata de las mujeres y «una revisión de las modalidades de implementación de las medidas del ASPO y de las condiciones de habitabilidad de los centros de atención sanitaria cómo de los centros de alojamiento preventivos en dichas localidades del interior provincial. Que dichos centros estén acondicionados y equipados y cuenten con agentes sanitarios o personal de salud que realice un abordaje respetuoso de las pautas culturales y los saberes y creencias en torno al proceso de salud- enfermedad-atención y los cuidados que requiere».
A la vez que se procure que sean personas de la misma comunidad quienes estén preparados para la realización de los hisopados o cuanto menos que acompañen a quien realiza la toma de los mismos, «favoreciendo el acercamiento a las familias y la confianza necesaria frente a lo desconocido».
Pidieron también desde APDH «que se brinde información clara, de manera sencilla, en la lengua materna, que sea oportuna y pertinente para calmar la angustia o atenuarla frente a tanta incertidumbre Instamos a los efectores de salud a priorizar intervenciones sanitarias con un enfoque intercultural, de manera proactiva, con prácticas culturalmente apropiadas, respetando sus redes de respuesta y contando con su participación- recomendaciones del Comité de ética y DDHH al Ministerio de Salud de la Nación».
«Entendemos que la criminalización ante una legítima demanda que hace a la salud, en tiempos de emergencia sanitaria, agrava la situación sanitaria en vez de aliviarla. Insistimos en la liberación de Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete y Francisco Luna, además de un acto de justicia, descomprimiría la compleja situación que ha generado a nivel local y nacional», finaliza el pronunciamiento.
