En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Asesor Legal de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín, Dr. Eduardo Velotto explicó que el Superior Tribunal de Justicia de Formosa aún no revisó la causa de los empleados despedidos por ende negó que exista una «intimación» a que se los «reincorpore».
Indicó que «si bien es cierto que la Comuna fue demandada por la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, representado por el Sr. Zarza, y en primera y segunda instancia obtuvo un pronunciamiento favorable a su pretensión, la decisión no ha sido aún revisada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, encontrándose actualmente en trámite un recurso de queja ante el más alto organo judicial provincial». Por ende, dijo que la afirmación efectuada por el comunicador local, Carlos Quiñonez «es errónea» y «no se ajusta al estado procesal de la causa».
Aclaró el letrado que «los recursos interpuestos por la Comuna no son producto de ningún capricho ni autoritarismo, sino lisa y llanamente el ejercicio del derecho constitucional de defensa -tan cara al interés público ínsita en la actuación de la administración pública- por las vías previstas en las normas procesales frente a un pronunciamiento judicial que la administración comunal entiende arbitraria, fundadamente, y que sienta un precedente desafortunado, no para la Comuna de Perín, sino para toda la administración pública local».
En cuanto a los hechos, dijo Velotto que es verdad que el conflicto se inició el 1 de agosto de 2017, pero «el motivo no obedeció a ninguna conducta arbitraria por parte de las autoridades comunales, sino en la implementación del sistema de control de ingreso y egreso por vía de la asistencia digito pulgar, al que el grupo de trabajadores liderados por el señor Cesar Waldemar Pérez, quien se autoproclamó Secretario General de un Sindicato que no cuenta con inscripción gremial, se opuso asumiendo conductas violentas que paralizaron el funcionamiento de la Comuna por varios días y generaron temor en los vecinos, por ello se inició a una causa penal que actualmente se encuentra en trámite ante la justicia penal provincial».
«La medida expulsiva adoptada por la autoridad Comunal fue dispuesta conforme al Estatuto para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Formosa, ante la injustificada inasistencia de los trabajadores involucrados en la causa por más de 9 meses, pese que los puntos que sirvieron de excusa para no prestar servicios fueron satisfechos por la Comuna en el mes de septiembre de 2017, un mes después de iniciada la protesta», aseveró y cerró diciendo que «éste, entre otros argumentos técnicos, son los que se han llevado a conocimiento del STJ, buscando la revocación de la sentencia de la Cámara».
