El jueves el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones.
El fiscal le requirió a la jueza María Servini que se investiguen las maniobras denunciadas que darían cuenta que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.
Caraballo
El abogado Williams Dardo Caraballo, encargado de presentar la denuncia por el pago de fiscales de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas con el bono de cinco mil pesos destinado a desocupados por parte de funcionarios nacionales y provinciales, brindó detalles acerca del proceso jurídico que deberán enfrentar los imputados.
Comentó que se materializó la denuncia con un requerimiento fiscal que fue la imputación concreta que hizo quien tiene el monopolio de la acción pública para que se le inicie una causa penal al ex ministro de producción y trabajo de la Nación, Dante Sica; al actual diputado nacional Ricardo Buryaile; al ex secretario de empleo, Fernando Premoli; y en Formosa, por la incorporación de otros organismos nacionales en la denuncia, al responsable del ANSES Diego Herrera, la delegada de Desarrollo Social Irina Zárate y el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Germán Villalba.
Del mismo modo, la imputación se hizo extensiva al concejal municipal del Frente Amplio, Dr. Miguel Montoya.
Expuso el letrado que se les endilga la violación del artículo 129 inciso b y el 64 del Código electoral Nacional en principio y se debe corroborar, a través de una investigación judicial, si los fiscales de Juntos por el Cambio a la hora del cierre de los comicios cobraron el beneficio de los 5 mil pesos, ya sea antes del 18 de octubre o después del 27, porque en el medio regio la medida cautelar de la jueza Servini por la sospecha de una posible manipulación y utilización de las personas vulnerables.
Caraballo y su equipo recolectaron los datos aportados por la misma secretaría de trabajo de la delegación Formosa, que en un transparente de su oficina en Saavedra y 9 de julio, colgó la lista de beneficiarios de los bonos y el listado completo que publicó diario digital; y los cruzaron con los telegramas del Correo Argentino del escrutinio provisorio. Lo cual dio un resultado de 757 fiscales sobre un total de 1404 mesas de Juntos por el Cambio, que percibieron este beneficio, que da cuenta de una suma de 4 millones de pesos de fondos públicos.
Además, de la investigación surgirá si los fiscales que estuvieron en la apertura de los comicios también fueron beneficiados con este bono para desocupados.
«Sin ningún tipo de reglamentación porque este beneficio jamás fue publicado en el boletín oficial y fue manejado en el secretismo que los caracteriza y ahora deberán responder a este llamamiento de la justicia como imputados para que presten declaración indagatoria», sostuvo Caraballo.
Y agregó: «sin perjuicio de que también funcionarios del más alto nivel de la gestión anterior como el jefe de gabinete, ex ministra de desarrollo social, ex de economía, del ANSES, secretario de empleo, y otras personas que tuvieron participación en la instrumentación de este ropaje que bajo apariencia de subsidio que no fue más que otra cosa que la compensación o el pago de los fiscales de un sector político y el jefe acá en Formosa que movió estas maniobras es Buryaile que veremos qué pasa después de las indagatorias si la jueza decide procesarlos a los imputados».
Respecto a los fueros con los que cuentan los legisladores nacionales y cómo se manejarán las Cámaras en el caso de que Buryaile sea procesado, Caraballo explicó: «ambas cámaras tienen distintos criterios respecto a sus miembros cuanto están involucrados en una causa penal».
Y aseguró que él comparte el criterio de la Cámara de senadores que no se presta al desafuero de ninguno de sus miembros hasta que no haya una sentencia firme respecto a la acusación pasada en las autoridades que declare culpable de algunos delitos.
«En la Cámara de Diputados rige otro criterio: en el 93 fue expulsado un diputado por amenazas y el precedente más cercano que no comparto, pero lo aplicaron por el ánimo revanchista que tenía la gente de Cambiemos es en relación al diputado De Vido que fue desafuerado en el 2016 cuando se tomó noticia de su primer procesamiento y privado de libertad como consecuencia del desafuero», recordó.
Y siguió: «así que si se aplica ese mismo criterio ante un eventual procesamiento del diputado Buryaile veremos qué criterio aplica la cámara en esta nueva conformación».
Por último, aseveró que cuando la jueza tenga resulta la situación procesal deberá dirigirse a la Cámara «a ser a riesgo lo que el derecho corresponda».
