El gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrentó la semana más compleja de su Gobierno a partir de una protesta policial que logró controlar, con la ayuda del Gobierno nacional, tras anunciar el aumento del salario mínimo de los efectivos a 44 mil pesos, equiparándolo con los sueldos del personal de las fuerzas federales, al que se le sumará un bono de 5 mil pesos por única vez.
Al paquete de medidas anunciadas el jueves, que incluyen también aumentos en el monto para la compra de uniformes y la triplicación de las horas extra, se le suma el bono por única vez, según decidió anoche Kicilllof, informaron hoy a Télam fuentes oficiales.
Entre lunes y jueves, distintos grupos de policías retirados y en actividad desarrollaron un reclamo para solicitar mejores condiciones laborales y aumentos salariales en diferentes ciudades del interior provincial y del conurbano, con epicentro en el Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12 de La Matanza.
Cuando comenzó la protesta de los uniformados en Adrogué y en La Plata, el lunes por la tarde, Kicillof se encontraba en la Gobernación junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros de Hacienda, Pablo López; de Desarrollo, Andrés Larroque; de Seguridad, Sergio Berni; y de Comunicación, Jésica Rey; y el asesor general, Santiago Pérez Teruel.
En el Poder Ejecutivo bonaerense reconocen que Berni, «estaba al tanto desde hacía unos días de la convocatoria que se estaba gestando en redes sociales» pero subestimó la magnitud que el reclamo podía adquirir.
Al caer la noche de ese día, tres de los colaboradores más cercanos al mandatario bonaerense salieron de la Casa de Gobierno y, mientras caminaban entre los policías que se manifestaban en las calles, advirtieron que la marcha cobraba mayor volumen y decidieron regresar.
A la mañana siguiente, a pesar de que Berni y Bianco anunciaron que se otorgaría una suba salarial hacia finales de la semana, las protestas se extendieron en el territorio y alcanzaron su pico de tensión el miércoles cuando llegó a las puertas de la residencia presidencial de Olivos.
Desde el inicio del conflicto, representantes de la administración provincial consideraron que el reclamo de los efectivos era «legítimo» debido a que en los últimos cuatro años su sueldo cayó un 30% en términos reales y ponderaron la labor policial en el marco de la pandemia de coronavirus.
No obstante, tanto el Poder Ejecutivo como dirigentes del peronismo, del sindicalismo y de organizaciones sociales cuestionaron el método de la manifestación y resaltaron la matriz política del reclamo.
Es que la protesta de los uniformados, que en muchos casos incluyó toques de sirenas en patrulleros, se trasladó a las inmediaciones de la Quinta de Olivos y de la residencia en la que viven Kicillof y su familia en La Plata, ubicada en la misma manzana que la Casa de Gobierno.
A lo largo de esos días, Kicillof mantuvo constantes contactos con intendentes del Gran Buenos Aires y escuchó particularmente los consejos de Alejandro Granados, exministro de Seguridad.
En las horas más difíciles, muchos de los colaboradores de Kicillof sugerían anticipar el anuncio sobre la suba salarial para aquietar la situación y evitar que se generen hechos delictivos ante la creencia de que podía haber «zonas liberadas» ante la ausencia policial.
Desde su entorno sostienen que el Gobernador conservó la calma, garantizó a través de los jefes comunales que en todos los distritos había patrullajes y avanzó en conversaciones con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.
