La Sala II de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de dos médicos que trabajaban en el área de patología del Hospital César Milstein que depende del PAMI por el delito de defraudación contra la administración pública.
Los procesaron porque se descubrió que utilizaban costosos insumos que pagaba el hospital público para realizar estudios patológicos para pacientes de una clínica privada que eran canalizados a través del laboratorio particular de los médicos.
El juez Julián Ercolini había procesado a la médica María Sol Serrano, que era la Jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Milstein, y a su segundo, el patólogo Silvio Ricardo Grisendi. El juez había demostrado que al usar insumos del hospital del PAMI para su laboratorio privado defraudaron –entre enero de 2017 y abril de 2019– a la entidad pública en 5 millones de pesos. Los médicos que encabezaban el área de Anatomía Patológica del hospital fueron procesados junto a los técnicos que realizaban las tareas necesarias para obtener un diagnóstico a partir de las biopsias.
Cuando en abril pasado el juez ordenó a allanar el hospital se encontraron 181 muestras que pertenecían a pacientes de la Clínica San Camilo. La Justicia determinó que esa clínica le pagaba por los estudios al laboratorio privado que Serrano tenía en la localidad bonaerense de Pilar. Serrano y Grisendi estuvieron detenidos dos días, liberados y procesados sin prisión preventiva.
En el procesamiento Ercolini había señalado que los imputados «…aprovechándose de la condición que sus cargos ostentaban –jefa, médico patólogo y técnicos- dentro del Servicio de Anatomía Patológica, habrían solicitado la adquisición de insumos para el laboratorio y, en consecuencia, los utilizaron de manera irregular, junto con las computadoras, impresoras, horas de trabajo del personal de aquella área del Hospital César Milstein y demás elementos técnicos, para la realización de estudios de la especialidad (biopsias, informes histopatológicos, etc.)».
La denuncia la había hecho Javier Arzubi Calvo, quien está al frente de la Unidad Fiscal que investiga los delitos cometidos en la obra social de los jubilados. Se realizó una investigación preliminar originada en la declaración del Jacinto Lazo, director médico del Hospital César Milstein. Lazo había señalado varias irregularidades: algunos empleados que ingresaban a trabajar en horarios poco habituales, por ejemplo durante las madrugadas; el aumento exponencial de provisión de algunos insumos necesarios para hacer los análisis, que superaban lo utilizado en años anteriores y el hallazgo por parte de una empleada que testimonió de muestras de pacientes de la Clínica San Camilo.
La denuncia le tocó a Ercolini y fue impulsada por la fiscal Alejandra Mángano quien debe investigar si hubo hechos similares a los descubiertos en este caso previos a enero de 2017. Testimonios de algunos empleados del hospital aseguran que el uso del laboratorio público para fines privados había comenzado unos años antes.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento dictado por Ercolini para los médicos y los técnicos involucrados en el caso. Entre sus argumentos señalaron que «…se ha acreditado prima facie que los encartados retiraban muestras de la Clínica San Camilo y las trasladaban al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital César Milstein en donde se les colocaba un número de referencia y eran procesadas –actividad llevada adelante por los técnicos…según sus respectivas especialidades- para luego efectuar el correspondiente diagnóstico –tarea que desarrollaban Grisendi y Serrano en su carácter de patólogos-, utilizando recursos solventados por el Estado Nacional».
Con la investigación judicial se le puso fin a un lucrativo negocio particular que se realizaba a partir de dinero público.
