Congresistas de Estados Unidos presentaron en la Cámara de Representantes el complemento de la Ley “Corruption in Argentina Stymied by Enforcing Sanctions” o “CASES Act” (por sus siglas en inglés). Según informaron, el objetivo es investigar a cinco funcionarios de nuestro país por corrupción, entre ellos, la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La medida fue presentada por la republicana María Elvira Salazar, y cuenta con el apoyo de Jenniffer González-Colón (R-PR), Carlos Giménez (R-FL) y Mike Lawler (R-NY). “Cristina Fernández y su círculo íntimo son algunos de los malversadores de fondos públicos más prolíficos de América Latina. Es hora de que los Estados Unidos tomen medidas contra su abuso de poder sin control, que ha dado lugar al robo y la pérdida de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo argentino”, dijo la congresista Salazar.
De promulgarse, el Gobierno de los Estados Unidos investigaría a Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli; y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Alberto Zannini.
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“Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. Las pruebas contra ella son públicas, creíbles y están respaldadas por los tribunales argentinos. Más allá de Argentina, ella y sus socios han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña terrorista global de Irán. Y continúan haciéndolo”, afirmó el senador Cruz.
Además, consideró que “el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley que autoriza al Presidente a sancionar a personas como Fernández de Kirchner y sus socios. Mi “CASES Act” ordena que el presidente Biden utilice esas sanciones para lo que fueron concebidas: proteger los intereses estadounidenses en el extranjero de los políticos corruptos que tratan de socavarlos”.
El proyecto había sido presentado originalmente por el senador Ted Cruz a finales del mes de marzo. Sin embargo, ya había pedido medidas contra la vicepresidenta argentina en agosto del año pasado, cuando le envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para exigirle sanciones por las acusaciones de corrupción.
En aquella misiva, señaló: “La semana pasada, un fiscal federal argentino implicó oficialmente a Fernández de Kirchner en lo que describió como ‘el mayor esquema de corrupción conocido en el país’, un elaborado esquema de soborno y coimas que defraudó a Argentina por billones de pesos durante su tiempo como Presidenta”.
Para justificar su pedido, hizo referencia al pedido de condena de 12 años que hizo el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad -finalmente fue condenada a seis años de prisión- pero, además, indicó que la ex presidenta “estuvo profundamente implicada en la muerte de Alberto Nisman en 2015″ y recordó que el fiscal “fue encontrado muerto a tiros en su departamento el día anterior a presentar evidencia al Congreso de que Cristina Kirchner pactó con Irán encubrir a los responsables del atentado a la AMIA”.
