Referentes de los bloques más numerosos de la Cámara de Diputados se mostraron confiados en que en las próximas semanas podrán debatir una nueva ley sobre la composición del Consejo de la Magistratura, tras las idas y vueltas registradas en los últimos días en torno al nombramiento del cuarto representante por cada uno de los cuerpos legislativos.
La controversia que esta semana atravesó al Congreso estuvo ligada al inicio del plazo fijado por la Corte Suprema para cumplir su fallo de diciembre pasado, en el que consideró inconstitucional la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en 2006 -lo redujo a 13 miembros- y ordenó restituir la composición anterior, de 20 consejeros.
Más allá de los cruces mediáticos y judiciales sobre cómo y quiénes debían debían ocupar los nuevos casilleros del organismo, desde la mayoría de los bloques legislativos se mostraron dispuestos a encarar el tratamiento de una nueva ley que rija el funcionamiento del Consejo.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la Cámara baja al FdT no le alcanza para llegar al quórum de 129 ni para alcanzar esa cantidad de votos, número necesario por tratarse de una modificación a un órgano constitucional
La idea original del Frente de Todos era avanzar con el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción del Senado, que fue aprobado en base a modificaciones realizadas al texto enviado originalmente por el Ejecutivo, a partir de la búsqueda de apoyos de los diputados que responden a las provincias.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la Cámara baja al FdT no le alcanza para llegar al quórum de 129 ni para alcanzar esa cantidad de votos, número necesario por tratarse de una modificación a un órgano constitucional.
Ese es uno de los motivos por los que aún se demora la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a las que fue girado el proyecto que llegó de la Cámara alta.
Desde el oficialismo y desde Juntos por el Cambio se culpan recíprocamente por el atraso en la conformación de esas comisiones y en esa disputa estaban cuando llegó el 15 de abril, fecha tope del otorgado por la Corte para sancionar una nueva ley antes restituir la ley 24937 (con la modificación del 24939), que rigió el funcionamiento del Consejo hasta que fue derogada, en 2006.
En la noche del martes, la bancada del oficialismo en el Senado se convirtió en un interbloque compuesto por el bloque Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y el bloque Unidad Ciudadana, de 14
Una de las prioridades para el Congreso, sobre todo para el FdT, era evitar que se aplique otra vez aquella ley, que establece un Consejo de la Magistratura de 20 miembros con el titular del máximo tribunal en el rol de presidente.
De hecho, la principal diferencia entre el FdT y JxC gira en torno a la presencia o no del presidente de la Corte Suprema como miembro y hasta como titular del organismo que selecciona y remueve a los jueces. La distancia que se perfila entre ambas posiciones torna muy complejo alcanzar un consenso mayoritario para lograr una nueva ley.
En ese contexto, sin embargo, el senador nacional Mariano Recalde manifestó recientemente estar convencido «de que existen chances de que se apruebe» una nueva ley, y cuando le preguntaron si era posible incorporar cambios al proyecto con media sanción en el Senado, para lograr así los apoyos necesarios, lo consideró «factible».
