El titular del Colegio de Bioquímicos de Formosa, Carlos Arnaldo Palacios, presentó por ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia una nota el 1 de octubre en la cual expresa el destrato que los bioquímicos del norte argentino reciben de las autoridades federales en su atención a afiliados del PAMI, situación que viene desde la administración del gobierno nacional de Mauricio Macri, el cual, mediante resoluciones Nros. 395, 408 y 417, del año 2017 impuso un sistema de pagos a los bioquímicos del país que no tienen en cuenta las prestaciones que efectivamente se brindan, sino que se asigna un monto por cada afiliado de la obra social el cual se denomina cápita.
Explicó la Defensoría que este parámetro “es discriminatorio pues asigna montos mayores a la cápita de las provincias centrales, con relación a las del norte grande. Es decir, el trabajo que realiza un bioquímico en Formosa, vale menos que el mismo trabajo realizado para un afiliado al PAMI en Buenos Aires o Córdoba. Sumado a esto, recientes resoluciones de la administración central han actualizado valores para las diversas prestaciones de salud en general excluyéndose específicamente a la actividad bioquímica, lo cual deja de lado a los bioquímicos en relación de dependencia, técnicos, administrativos y personal de maestranza que desarrollan tareas en laboratorios de análisis, que pertenecen al gremio de sanidad lo que representa un claro hecho discriminatorio”.
Además, a varias Asociaciones y Colegios de Bioquímicos, el de Formosa incluido, se le han practicado débitos cercanos al 10 % de su cápita para pagos de prestaciones relacionadas al Covid 19 realizadas por hospitales públicos, extremos que se suman al gran atraso en los valores arancelarios que no acompañan a los de la inflación.
Frente a la situación denunciada, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, resolvió correr traslado de la misma, con -Carácter de Urgente-, a la actual Directora del PAMI, Luana Volnovich, para que se avoque a la resolución de la situación enunciada la cual, implícitamente, representa una desvalorización de los afiliados de Formosa con relación a sus pares del resto del país.
