“Niñas no madres” fue uno de los reclamos que movilizó al feminismo argentino a principio de este año a partir de dos casos que de menores -una de 11 años y otra de 13- que habían sido violadas y a las que se le negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en dos provincias del norte del país. El mismo grito se escuchó en el otro lado de la cordillera en 2013. Otra nena, esta vez chilena, violada y embarazada por su padrastro fue obligada a parir.
El episodio abrió un fuerte debate sobre el aborto en la sociedad chilena. En ese momento, a diferencia de acá en que la interrupción es legal desde 1921, en Chile regía una ley absolutamente prohibitiva que databa de la época del dictador Augusto Pinochet. Las declaraciones del presidente, Sebastián Piñera, -que entonces transitaba su primer mandato- a favor de la continuidad del embarazo de la nena hicieron que las mujeres de ese país salieran el 25 de julio del 2013 por primera vez a la calle para pedir por el aborto libre, seguro y gratuito.
“En ese momento salimos por la rabia que nos dio el discurso del presidente y porque le habían negado el aborto a la nena. La maternidad forzada de una niña violada fue el detonante”, contó a minutouno.com Verónica Ávila, una de las voceras de la Coordinadora Feministas en Lucha que organiza este jueves una nueva movilización. La misma que se realiza cada 25 de julio desde 2013.
La ILE chilena
Hasta 2017, Chile formaba parte de un puñado de países de América Latina que prohibían totalmente y penalizaba la práctica. En julio de ese año, después de dos años de haber sido presentada y de un tenso debate, el Senado aprobó la legalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. El proyecto había sido enviado por la entonces presidenta Michelle Bachelet y avanzaba en la concesión de derechos de las mujeres.
La ley fue modificada por el Tribunal Constitucional de Chile – cuya función es el control de constitucionalidad de todas las normas- que decidió que a la objeción de conciencia de los médicos se debía sumar la de las instituciones.
“El Tribunal complicó las posibilidades de la mujeres. Inventa la objeción de conciencia institucional. Pero las instituciones no tienen conciencia ¿Cómo se va a objetar la conciencia de una institución?. Generó que muchas instituciones se negaran a praciticarlos”, manifestó Ávila.
El último informe de “Monitoreo Social de la Implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales” elaborado por la Mesa Acción por el Aborto en Chile, publicado en junio de este año, asegura que “la objeción de conciencia, declarada y no declarada, se se convirtió en un obstáculo para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo.”
De acuerdo datos del Ministerio de Salud, uno de cada dos obstetras de hospitales públicos se declaró objetor en la causal violación sexual (50,5%), uno de cada cuatro en caso de inviabilidad fetal (28,6%) y uno de cada cinco en caso de riesgo vital (20,7%).
El difícil camino hacia una ley
Las últimas estimaciones oficiales indican que en Chile se realizan entre 60.000 y 70.000 abortos al año. La mayor proporción, alrededor de 2.000, son embarazos por violación. El número de abortos legales atendidos es muy inferior a la de 2015, por lo que se estima que la mayoría se siguen realizando en la clandestinidad. Al igual que en Argentina, quienes mueren por abortos clandestinos son las mujeres pobres.
Ávila explicó que para la creación de una ley que habilite el aborto legal, seguro y gratuito para todas las chilenas existe además una complejidad. A diferencia de nuestro país, en que la Campaña presenta todos los años un proyecto – con la firma de representantes del legislativo- en Chile toda reglamentación que modifique los recursos públicos del estado tiene que ser presentada exclusivamente por el Presidente. Una ley que contemple abortos en los hospitales si o si modifica el presupuesto público.
