El ingeniero Marcelo Ugelli, titular del IPV, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló del procedimiento de recuperación de una vivienda del barrio La Nueva Formosa realizado el miércoles por la mañana ante la constatación de la irregularidad en la obtención de la misma ya que había sido vendida a cambio de un terreno y una suma de dinero, hecho que está prohibido.
«Esta era una casa a la que le veníamos haciendo el seguimiento que tuvo ya un apercibimiento por falta de ocupación, se intimó a la adjudicataria que ocupe, pasado el tiempo de que ocupó la vivienda otra vez volvimos a encontrar irregularidades, encontramos terceros que no estaban autorizados por el IPV viviendo en la casa y de la investigación de nuestra gente de control de barrios surge que se produce una venta de la casa, la adjudicataria vendió la casa a esta familia que terminó siendo desalojada. Este es un trámite que llevó varios meses, ellos estaban anoticiados de que habían realizado un acto indebido que es la compra de la vivienda, estaban notificados perfectamente, hace más de 30 días que tenían que desalojar la casa y si no se iba a proceder al alzamiento al que finalmente se procedió», explicó Ugelli.
«Ellos no son una familia desamparada porque no tienen las características, los dos tienen empleos, negocios, tienen dos vehículos, compraron la casa por un bien y una suma importante de dinero y la vía recursiva que ellos dicen fue presentada en el IPV y se resolvió, es un procedimiento normal como hicimos con cualquiera de los anteriores porque llevamos 20 casas recuperadas, fácilmente 4 o 5 de ellos han sido a través de alzamiento y otra de toma de posesiones sin problemas», detalló.
«Nosotros entramos al domicilio cuando no había nadie en la casa, seguimos como marca el procedimiento administrativo, después vinieron apareciendo ellos con los niños y montaron toda una cuestión ahí que es lo que surge en las redes sociales, de ninguna manera el IPV actuó de mala fe sino como corresponde, la casa es adjudicada, no es propiedad de ningún particular, es administrada por el IPV y nosotros actuamos conforme a los procedimientos, después surge toda una cuestión que ya escapa a nuestras posibilidades. Esta cuestión que tiene que ver con la disposición nacional de prohibición de desalojo, eso está reglamentado para las personas que están alquilando y que por esta situación económica y de cuarentena en la pandemia no pueden pagar sus alquileres por cuestiones lógicas, lo que se aplica es que no se desaloja a ninguna persona que entra en mora, pero no es el caso de una persona que viene a violentar el uso de una vivienda social que es pública», explicó.
Respecto a la intervención de un funcionario del organismo en la transacción para la obtención de la vivienda, Ugelli aseguró que «certeza no hay de esto porque no surge del expediente, pero sí menciona la compradora como intermediaria a esta persona, el IPV preventivamente ya ha tomado las medidas, lo ha separado del cargo y ha tomado el sumario administrativo que es lo que nos corresponde a nosotros, después hay una cuestión entre ellos que deberá resolverse en la justicia si hubo una transacción dineraria o una estafa».
«Él es jefe de despacho de una de las direcciones que nada tiene que ver con el control de barrio ni con las adjudicaciones, mal puede influir en esas cuestiones si sucedió. Ha sido separado del cargo y también está sumariado, el IPV no va a convalidar ningún acto que no corresponda ni de propios ni de ajenos, seguimos trabajando conforme a lo que corresponde que es recuperar el bien para el Estado y ponerlo de nuevo a disposición para un nuevo sorteo ya que la adjudicataria también pierde la vivienda», aseveró.
En cuanto a qué ocurrirá con las reformas que le realizaron a la vivienda, ya que ahí hay dinero invertido, Ugelli señaló que «las ampliaciones se van a demoler y se va a dejar la estructura original de la casa para el sorteo, esta vivienda tiene una muralla perimetral exterior y un techo de chapa atrás, eso se demuele para que esté en las mismas condiciones que las demás viviendas».
«Yo felicito al equipo de control de barrios de La Nueva Formosa que está trabajando rigurosamente, ya hemos recuperado más de 20 casas, no todas con las complicaciones que presentó esta porque realmente nunca pudimos hacerle entender al comprador que no tenía ningún derecho sobre la casa, la venta es ilegal», recordó.
Para finalizar detalló que de las 20 viviendas recuperadas, la mayoría estaban desocupadas. «Gran cantidad fueron intimadas por la falta de ocupación, algunas fueron devueltas voluntariamente porque la gente ya sabe que estamos controlando y al querer hacer un mal uso de la vivienda vamos a estar controlando y permanentemente los intimamos a que usen la casa, la vivienda tiene que usarla el grupo familiar, no puede estar un grupo familiar autorizando a terceros porque ellos no la van a usar y mucho menos pueden ser vendidas», aseveró.
