El Gobierno excluyó del Salario Complementario que forma parte del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a aquellas remuneraciones brutas de $250.000 o más, según consta en la edición de ayer del Boletín Oficial.
La medida se publicó luego de que se confirmara que altos ejecutivos de empresas que obtuvieron el beneficio cobraban hasta $33.750 del Estado, ya que integraban la nómina de empleados y no había distinciones de rangos o haberes.
Según los datos oficiales, el 1% de los más de 2 millones de empleados del sector privado que cobraron parte de sus haberes de abril del Estado gana más de $250.000 brutos. El 8 por ciento del total cobra más de $100.000. El 92% restante, menos de esa cifra. El 62% cobra hasta 50.000 pesos por mes de remuneración bruta (es decir, antes de descontar contribuciones y cargas sociales).
El Gobierno también definió que hará público el listado de empresas que accedieron a los distintos beneficios del ATP. Por un lado, publicará las razones sociales de aquellas compañías que tuvieron reducciones de hasta 95% o postergaciones en el pago de contribuciones patronales. Por otro, Jefatura de Gabinete difundirá los datos de las firmas que pidieron y recibieron ayuda para pagar sueldos. Además, se difundirá las cantidades y montos de créditos a tasa 0 otorgados a monotributistas y autónomos, segmentados por categoría, aunque sin detalles individuales.
El tope de remuneración de $250.000 surge luego de las críticas que motivó que el Estado pagara parte de los salarios de los ejecutivos de altos ingresos mientras demora en terminar de abonar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de marzo. El IFE, de $10.000, representa menos de un tercio de lo que se destina a subsidiar cada sueldo de alta gerencia.
«Se les está regalando la plata», se quejó este lunes Juan Grabois, dirigente de la CTEP, en radio Metro.
Según datos oficiales, más de 2 millones de trabajadores de 280.000 empresas recibieron el Salario Complementario en abril. Hasta la semana pasada, 250.000 compañías se habían anotado para que el Estado pague parte de los haberes de sus plantillas.
