El oficialismo confía en obtener dictamen de los proyectos de moratoria y ampliación presupuestaria

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará emitir este martes dictamen al proyecto de moratoria impositiva y a la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo para autorizar la ampliación del presupuesto en curso, de manera de reforzar partidas destinadas a gastos sociales y productivos, para paliar los efectos de la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

El bloque del Frente de Todos, conducido por Máximo Kirchner, aspira a sancionar los dos proyectos esta semana, en una sesión especial, de manera que ambas iniciativas puedan ser convertidas en ley por el Senado en la primera quincena de agosto.

El oficialismo decidió avanzar en la sanción de las dos leyes tras asegurarse el respaldo del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Bloque Córdoba Federal, y el Movimiento Popular Neuquino, con lo cual tendrá el apoyo de 13 legisladores que son claves para construir las mayorías necesarias.

La comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, fue citada para las 11 para emitir dictamen sobre el proyecto de moratoria para deudas acumuladas hasta mitad de año. En ese encuentro también se buscará el aval para la ampliación del presupuesto por un monto estimado en $ 1,8 billón.

Votos clave

Al no contar con mayoría propia, el Frente de Todos apuntó en las últimas horas a la bancada que maneja el mendocino José Luis Ramón y a un puñado de legisladores cordobeses que se encuentran en el interbloque que lidera Eduardo Bucca, más allá de considerar algunos puntos que solicita el principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, que ya tiene preparado un dictamen propio para presentar en las próximas horas.

Los números son finos y el oficialismo no quiere anticipar, pero terminará de blindar la estrategia entre hoy y mañana. De allí la necesidad de dar un guiño a sus potenciales aliados en cuanto a revisar la posibilidad de analizar modificaciones sobre el plazo de adhesión a la moratoria, tasas y la eventual prórroga del mecanismo ofrecido a futuro, que podría generar inconvenientes a la hora de aplicar la norma y formalizar planes de pago.

Un punto que genera fuerte puja aún es la viabilidad de ofrecer algún “premio a cumplidores”, mientras que se aleja la posibilidad de quitar de la iniciativa el ingreso de empresas quebradas, algo que pide el macrismo y un puñado de lavagnistas. De cara a los impuestos involucrados en el articulado, el camino parece despejado, y aún aparecen dudas sobre las obras sociales y ART.

Alerta por Presupuesto
En las últimas horas, el radicalismo puso en la lupa el proyecto de ampliación del Presupuesto 2019 -prorrogado-, y pedirá modificaciones. “El gobierno propone eliminar la exención de IVA a la venta de leche en polvo y fluida, entera o descremada, llevándola del 0% al 10,5%, lo cual impacta directo en el precio al consumidor final”, aseguró Luis Pastori, y agregó: “La recaudación de impuestos no puede ser de cualquier manera, y menos afectando los consumos populares básicos”.

Panorama en Senado
La Cámara alta aprobaría esta semana la renegociación de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local. La oposición tuvo una disidencia parcial sobre el dictamen apurado la semana pasada. “Me genera un poco de dudas la redacción de la cláusula RUFO. Sería más clara, si en lugar de comprender el período ese entre la invitación al canje y el quinto aniversario, si la redactáramos directamente ‘desde la sanción de la presente’. Todavía no tenemos fecha de invitación al canje y hay un plazo, mientras afuera continúa la renegociación”, expresó Martín Lousteau.

El legislador radical también apuntó hacia otros sectores del proyecto: “Cuando uno hace los números sobre qué tan atractivos son los diferentes bonos que se ofrecen para el canje, primordialmente por la brecha entre el tipo de cambio oficial versus otros, como el contado con liquidación, los bonos con CER resultan poco atractivos al compararlos con otros títulos en dólares”. Y advirtió: “De los bonos que pueden optar por el CER, el 65% está en organismos del sector público y eso haría que el Poder Ejecutivo pudiera decidir que esos organismos opten por bonos con CER, pero salgan perdiendo. Insisto, son organismos que en el fondo sustentan pasivos con los jubilados en su enorme mayoría”.

Comentarios Facebook

Lo más leído