El pasado 15 de julio, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) había aprobado por unanimidad un pedido para invitar a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que presente su informe sobre la situación en Venezuela al pleno del legislativo del bloque regional.
“El Parlamentario venezolano Oscar Ronderos solicitó al Plenario la aprobación de una invitación a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para exponer al Pleno del Parlasur a respecto del Informe recientemente publicado por Naciones Unidas sobre las condiciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La invitación fue aprobada por unanimidad”, rezaba el comunicado del Parlasur.
Apenas unos días antes, el 4 de julio, Bachelet denunció en su texto las “graves violaciones a los derechos humanos” perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. La chilena instó al régimen de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
Sin embargo, en las últimas horas, una mayoría compuesta por parlamentarios de Venezuela (afines al chavismo), argentinos (del Frente para la Victoria) y otros brasileños y uruguayos impidieron que el Parlasur abordara un proyecto que buscaba vincular al organismo con el informe de Bachelet. La parlamentaria argentina María Luisa Storani, de Cambiemos, había presentado el proyecto con el fin de que el Parlasur adoptara el informe de la chilena pero fue el venezolano Yul Jabour quien introdujo una moción para impedir que se tratara.
En el documento de Bachelet, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. El texto se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista, hasta el presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.
