Frente al anuncio del Subsecretario de Energía Eléctrica de Nación, Federico Basualdo, quien afirmó que el próximo incremento no va a impactar en el poder adquisitivo de los consumidores, el Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que eso es absolutamente «falso» y que todo incremento en los servicios públicos como en los combustibles se trasladan inexorablemente a los precios de los alimentos, transportes públicos, vestimenta, medicamentos y otros elementos necesarios «lo que termina erosionando el ya deteriorado poder adquisitivo de los consumidores».
Se explicó que si bien, el aumento de las tarifas de energía eléctrica va a estar por debajo del 29% de la inflación proyectada para todo 2021 «esta es otra afirmación que no se condice con la realidad, puesto que las estimaciones proyectan una inflación que alcanzaría hasta el 50% durante el 2001. La propia encuesta que ha publicado el BCRA determina una expectativa inflacionaria de 20 puntos por encima de las que viene proyectando el Gobierno Nacional». Este último, es el único que supone que la inflación del 2021 no superará el 29%, pero desde la Defensoría del Pueblo se sostuvo que esa cifra es caprichosa y lo único que se pretende con la misma, es poner un techo a las paritarias a través de las negociaciones que se llevan a cabo en el Consejo Económico y Social.
El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, afirmó que, «a partir de abril no va a haber una tarifa segmentada» para los usuarios del servicio, sino que «va a haber un aumento general». Ante estas manifestaciones, desde el organismo de la Constitución Provincial se renovaron los pedidos al Secretario de Energía Darío Martínez y al actual Ministro de Economía Martín Maximiliano Guzmán «que se otorgue a todo el norte argentino y en especial a Formosa una tarifa diferenciada en la energía eléctrica, dado que insistimos en que somos una comunidad electrodependiente y que carecemos de gas por redes, con lo cual, el uso de la energía eléctrica por las altas temperaturas es mayor al de otras regiones y por lo tanto, se debe tener en cuenta que el precio de los servicios públicos, deben tener naturaleza de razonables, no confiscatorios y acordes a las regiones donde viven los usuarios».
