La fiscalía que investiga supuestos pagos de sobornos para la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa AYSA en el kirchnerismo firmará un acuerdo de colaboración con Brasil para acceder a prueba del «Lava Jato», considerada de interés para esta causa.
El fiscal federal Ramiro González avanzó en los trámites para la firma luego de que el juez federal Sebastián Casanello homologó lo hecho hasta el momento al respecto en la investigación Odebrecht-Aysa, informaron fuentes judiciales.
Con esta decisión del juez, el fiscal quedó en condiciones de avanzar en las tratativas para la firma del «Acuerdo de Compromiso y Especialidad y Limitación de Uso de Prueba» con las autoridades brasileñas en la causa que investiga supuestos pagos de sobornos para construir dos plantas potabilizadoras.
González había pedido al magistrado la homologación de todo lo hecho de manera previa a avanzar con la firma del Acuerdo.
«Luego de varios meses de trabajo adelantó que esta parte se encuentra en condiciones de proceder a refrendar el acuerdo de compromiso solicitado», explicó el fiscal en su escrito al que accedió Télam.
Además consideró que «corresponde y resulta procedente convenir y proceder con la suscripción de mi parte del ‘Acuerdo de Compromiso y Especialidad y de Limitación de Uso de la Prueba» requerido por la autoridades brasileñas para enviar la prueba y que ésta pueda incorporarse al expediente», sostuvo.
El juzgado homologó lo actuado en la causa, en la cual en reiteradas ocasiones había insistido en la necesidad de sumar elementos de prueba obtenidos en Brasil, en el marco de la investigación del «Lava Jato» y el escándalo de la constructora Odebrecht.
Para ello se tornó necesario firmar el Acuerdo entre la fiscalía y las autoridades brasileñas en base a garantías constitucionales argentinas y en sintonía con pactos internacionales suscriptos, explicaron las fuentes.
González está a cargo interinamente de la fiscalía que lleva el caso, cuyo titular es Federico Delgado.
Al confirmar los procesamientos en la causa el 30 de agosto pasado, la Cámara Federal porteña había ordenado imprimir «celeridad» al proceso de obtención de información de Brasil vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, integrante de la Unión Transitoria de Empresas que se adjudicó las obras.
En la causa están procesados los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
También el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez como partícipe necesario de «cohecho pasivo» y los ex directivos de AYSA Carlos Ben y Oscar Biancuzzo.
Además se procesó a los empresarios Aldo Roggio, Osvaldo «Tito» Biagini y Carlos Wagner.
La investigación gira en torno a la presunta «existencia de un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios particulares para direccionar en perjuicio de los intereses del Estado los procesos licitatorios de dos proyectos” vinculados a la empresa estatal AySA.
Uno de ellos fue la planta potabilizadora «Paraná de las Palmas», adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht, Supercemento, Roggio y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. El otro fue la planta depuradora “Sistema Berazategui”.
