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Procesan a Báez y a ex funcionarios de Vialidad por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

Procesan a Báez y a ex funcionarios de Vialidad por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

El juez federal Julián Ercolini procesó a Martín Báez y a ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional en la causa que investiga corrupción en la obra pública en Santa Cruz y su direccionamiento a favor del grupo Austral. 

 

En ese mismo expediente, el magistrado ya había procesado a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, y a Lázaro Báez, entre otras personas.

En una segunda parte de la causa, Ercolini ordenó los procesamientos de Carlos Alonso y Sergio Passacantando, por los delitos de administración infiel agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, aunque decretó la falta de mérito sobre otros ex funcionarios de Vialidad que ya fueron indagados.

Sobre los dos nuevos procesados, que se suman al ex titular de Vialidad Nelson Periotti, el juez concluyó que "sabían el lugar que ocupaban y que con su accionar, en inobservancia de los deberes propios, perjudicarían al Estado nacional. Ello, con el fin de procurarle para sí o para un tercero, en este caso, para las empresas de Lázaro Antonio Báez, un lucro indebido".

Entre las pruebas contra los funcionarios de Vialidad, hay certificaciones de obra para contratos que no habían iniciado, permitiendo un flujo de dinero para financiar al Grupo Austral.

El juez también procesó al entonces presidente de la empresa Austral Construcciones, Julio Mendoza, y a un ex contador del grupo Fernando Butti. Para Ercolini, esas dos personas "tomaron decisiones direccionadas con conocimiento de que aquéllas eran necesarias para hacer confluir en el grupo Austral los fondos de la obra pública vial de Santa Cruz".

En esa causa se investiga un complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, "que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos". 

Entre ellos, el juez enumeró la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez".

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