Inseguridad en el conurbano: intendentes reclaman mayor autonomía sobre las fuerzas federales y apuntan a la Justicia como responsable del recrudecimiento del delito

Armas largas en un almacén de barrio, víctimas arrastradas por motochorros, robos a padres con sus hijitos a plena luz del día, son escenas crudas de un clima de disgregación social que está atravesando el conurbano bonaerense mientras el Gobierno intenta salir de la cuarentena.

Tras reiterados (y mediáticos) reclamos de Sergio Berni, Sabina Frederic dispuso el envío de fuerzas federales para las zonas más calientes del Gran Buenos Aires. Esta semana, la ministra de Seguridad presentó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), un cuerpo especial dependiente de la PFA “que articula diferentes áreas para dar seguridad de proximidad en zonas urbanas, donde vemos que se está incrementando el delito y la violencia. Son muy útiles para dar seguridad en momentos de mayor circulación”, adelantó Frederic.

La novedad de la ministra de Seguridad de la Nación provocó un nuevo cortocircuito con Berni, quien reveló que no fue consultado al respecto y que se enteró a través de los medios de comunicación.

En medio del fuego cruzado quedan los intendentes, oficialistas y opositores, que reciben de primera mano el reclamo de los vecinos por el aumento de la inseguridad y a la vez carecen de recursos para intentar controlar una situación que recrudeció en los últimos meses.

Berni tomó nota al respecto y les pidió a los 135 intendentes bonaerenses que presenten propuestas para abordar el plan integral de seguridad local. Jefes comunales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que eludieron la grieta y se encolumnaron detrás de los mismos reclamos. Oficialistas y opositores reclaman que se escuche su voz a la hora de administrar el manejo de las fuerzas y tienen en la mira a la Justicia como la principal responsable del recrudecimiento del delito a raíz de las excarcelaciones concedidas bajo la excusa del coronavirus.

Un intendente que pidió no ser identificado se mostró disconforme con el primer envío de fuerzas federales: “Me da vergüenza decir el número”. Además de la cantidad, cuestionó la falta de autonomía para poder distribuir a los efectivos: “Si los ponen en cualquier lado, desconociendo la realidad de cada municipio, no sirve”.

En la misma línea, un importante jefe comunal oficialista reveló que “a veces nos consultan más, otras menos, y a veces no nos consultan”. Además se mostró molesto por desconocer la coordinación que hacen Provincia y Nación: “No se qué hicieron, a quiénes detuvieron, dónde estuvieron los gendarmes; me entero por las mías, no oficialmente”.

Pese a las diferencias partidarias, el jefe de Gabinete y encargado del área de seguridad de Lanús, Diego Kravetz, destaca el “vínculo estrecho” con Berni pero insiste en la necesidad de alcanzar un trabajo coordinado entre Nación, Provincia y municipios: “Queremos tener diálogo”.

“El ABC de la seguridad es patrullaje y abordaje, no hay mucho misterio. Si patrullás, pero no hacés control de documentación de las personas, de los autos, indefectiblemente te vas a chocar con delitos consumados o en fragancia. Si tengo a la Gendarmería parada viendo cómo pasan la gente y las motos, no me sirve para nada. Si ven algo raro y no piden documentación, no hacen un cacheo, no sirve para nada. Es elemental para la seguridad pública”, analizó.

Kravetz es consciente de que con la salida de la cuarentena “hay mucha más violencia en los delitos”. Sin embargo, niega que sea una consecuencia de la crisis económica y social que profundizó la pandemia y apunta directamente al accionar de la Justicia. “Tenés más violencia porque se sienten impunes, dueños de la calle; la Justicia en diciembre de 2019 hizo la primera tanda de liberados por el hacinamiento, y después la segunda barbaridad en abril con la tanda de presos liberados por el coronavirus. La Justicia ya se la mandó, ahora la calle la tenemos que recuperar nosotros”.

“El recrudecimiento en la violencia de los delitos no tiene nada que ver con la economía, por un lado está la Justicia que los hace sentir impunes, y en segundo lugar está faltando mayor abordaje en materia de seguridad”, reconoció.

En Esteban Echeverría, el municipio cuenta con 133 gendarmes. “Ayudar, ayuda; pero necesitamos una transformación de fondo”, reclama el intendente Fernando Gray. En ese sentido insistió en una propuesta que semanas atrás, él junto a otros jefes comunales peronistas le acercaron a Axel Kicillof: una inversión de acá a diciembre de 2021 de 12 mil millones de pesos para destinar a la compra de patrulleros, cámaras de seguridad, capacitación del personal, incorporar conductores de vehículos de seguridad que no necesariamente sean efectivos de la fuerza, y tecnología.

En la visión que tiene Gray sobre la prevención del delito está la creación de centros de recuperación de personas adictas en todos los municipios y avanzar con la descentralización de la Justicia. “Hicimos un polo judicial en Esteban Echeverría donde tenemos un juzgado de garantías y cuatro fiscalías, hay que descentalizar la Justicia para que el vecino pueda tener mayor acceso”.

La Policía Bonaerense cuenta con un promedio de 90 mil efectivos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Solo el conurbano cuenta con casi 11 millones de habitantes, razón por la cual la prevención del delito termina siendo una labor titánica para los agentes de seguridad, y para intendentes y funcionarios provinciales independientemente del color político. Debido a la pandemia, este año la fuerza bonaerense no sumó nuevos efectivos.

Si bien en Provincia y en los distintos municipios coinciden en la necesidad de cubrir ese déficit, no quieren recaer en la imprudencia que se cometió años atrás cuando se creó la Policía Local: “Alejandro Granados (ex ministro de seguridad bonaerense) la hizo por la necesidad política de que Scioli ganara las elecciones”, admite otro jefe comunal peronista. “La idea era sacar la mayor cantidad de efectivos a la calle, sin importar mucho los parámetros; no se si todos pasan un psicotécnico apto para la Policía Local…”.

Consultado sobre el desafío de incorporar nuevos oficiales que se enlisten en la fuerza por vocación y no como una rápida salida laboral, Gray expresó en diálogo con Infobae que esa “es la clave de la policía del futuro, del mes que viene”. “Esto no es una salida laboral, es una vocación de servicio a la comunidad que la tienen determinadas personas con ese tipo de características, no es para cualquiera. Y Berni comparte el criterio de ser riguroso en el perfil de las fuerzas de seguridad que vamos a tener en el futuro”, sostuvo el vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense.

En Tres de Febrero, el intendente de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, también percibe que “el delito está volviendo a los niveles de la pre pandemia e incluso más violento”. “Hay tres pandemias: la sanitaria, la económica y la inseguridad”, agrega.

Valenzuela considera que además de mayor inversión, y recursos, hace falta que desde Gobernación se priorice el tema: “Me preocupa que Kicillof no hable de inseguridad. Si bien el estilo de Berni ayuda porque tiende a estar más en la calle que en el escritorio, la definición de agenda, de recursos y de prioridades es política, no alcanza con la buena voluntad de un ministro”.

También siente que los intendentes son víctimas de las disputas entre Berni y Frederic, y reclama que no sean discriminadas las intendencias de Juntos por el Cambio a la hora de enviar efectivos policiales. “Entiendo que hay una pandemia pero no se puede subestimar el tema de la inseguridad. Necesitamos la mejor coordinación posible entre Nación y Provincia, que no se viene dando. Lo que no se hace juntos no sale bien. necesitamos más fuerzas federales en el conurbano y equidad entre municipios; es decir que no se salteen a los municipios opositor”.

Al igual que otros intendentes, Valenzuela mira a la Justicia cuando le consultan por el recrudecimiento del delito “por la cantidad de personas que han tenido beneficios o liberaciones en cuestiones vinculadas al covid”. “Una mirada de la justicia que no compartimos. Las penas se cumplen, y primero están las victimas”, definió.

“Hace falta una Justicia que haga su trabajo, que no genere esta situación de impunidad, y cuidar a las victimas. No justificar al delincuente, evitar que cometa el hecho, pero si lo comete que cumpla la pena y que salga mejor de lo que entró, con oportunidades. Hay que trabajar en el sistema carcelario”, apuntó.

Se mostró colaborativo con la administración provincial, aunque insistió en que Kicillof debe dar una definición precisa al respecto: “Axel tiene una gran oportunidad de mejorar la seguridad, los municipios estamos para ayudar, pero claramente necesitamos una priorización de este tema y una expresión mucho más clara del lugar que ocupa la seguridad en las políticas públicas de la provincia”.

Por último, sin mencionarla, dejó un mensaje para Frederic: “No hay que culpar a los medios que muestran las imágenes de las cámaras cuando hay un delito; el robo con armas está en niveles superiores a antes de la pandemia”.

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