El doctor Gildo Insfrán y otros mandatarios provinciales que se reunieron ayer en la sede del Consejo Federal de Inversiones, CFI, deliberaron para fijar puntos de vista acerca de las medidas económicas lanzadas por el gobierno nacional tras las PASO y produjeron un documento en el que califica a esa gestión como una acción arbitraria y perjudicial.
El mandatario formoseño- a quien acompañó el ministro de Economía, doctor Jorge Oscar Ibañez- fue uno de los primeros en llegar al lugar del encuentro durante el cual donde algunos de sus pares advirtieron que como consecuencia de esas medidas no podrán pagar los sueldos a los empleados públicos.
En representación del PEN asistieron el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero que depende del ministro Rogelio Frigerio.
Consensuaron el reclamo 18 gobernadores y el ministro de Hacienda en representación de Córdoba.
En el documento que también firmó Insfrán, los gobernadores dejaron bien en claro no estar en contra de ninguna medida de gobierno tendiente a paliar la grave situación económica que a traviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos.
Pero advierten que «las medidas dadas a conocer, «inconsultas» y «unilaterales», sin tener en cuenta de donde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento».
Tras la evaluación de las medidas los mandatarios reconocen que resulta positivo que el gobierno decida dar ese paliativo aunque advierten, sin embargo, que «no puede darse es disponer de recursos de las provincias de manera inconstitucional, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy en forma arbitraria se está vulnerando».
Expresan los gobernadores que están en grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados.
Ante todo eso, expresan que no pueden permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tienen ninguna responsabilidad y, por el contrario, han sido eficientes a la hora de cumplir con las obligaciones y compromisos firmados.
De allí que califiquen como arbitraria y perjudicial a esta acción del estado nacional, que al privarlas de los ingresos que por la ley en vigencia corresponde a sus provincias, los pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estanos viviendo.
Estuvieron presentes los gobernadores alineados con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y se sumaron los que responden a partidos provinciales como el misionero Hugo Passalaqqua, el neuquino Omar Gutiérrez, el santafesino Miguel Lifschitz y el rionegrino Alberto Weretilneck, además de Urtubey, que es candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por Roberto Lavagna.
El documento de
los gobernadores
Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:
1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se esta vulnerando.
2) Estamos en grave peligro de no cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país en medio de este complejo momento que estamos viviendo.
4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
