El proyecto que envió el Gobierno para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos comenzará a ser tratado este miércoles en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones, donde buscará obtener un dictamen para aprobar la iniciativa en la sesión prevista para mañana. Desde el Consejo de la Magistratura advirtieron que de sancionarse la ley, “renunciarían entre 100 y 150 jueces”.
La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión, presididas por los legisladores oficialistas Carlos Heller y Marcelo Cassareto, está convocada para hoy a las 14. El Frente de Todos cuenta con un número suficiente en las comisiones para conseguir un dictamen de mayoría, aunque dependerá de la voluntad de Juntos por el Cambio y de las negociaciones que se puedan llevar a cabo con la bancada opositora para conseguir el quórum para sesionar este jueves.
Legisladores convocaron para que expongan sobre la iniciativa que regula el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos a representantes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN). Además, está previsto que participen el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli.
Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó el proyecto del Gobierno al afirmar que de aprobarse la ley “renunciarían entre 100 y 150 jueces», que “ya tienen la jubilación concedida por cumplir con los requisitos de edad (60 años) y aportes (más de 30 años)”. Además, en declaraciones a Télam, advirtió que la oleada de jubilaciones “generaría entre 380 y 430 vacantes” en el Poder Judicial, ya que se suman a los 130 pliegos que actualmente están en concurso en el Consejo de la Magistratura par cubrir cargos vacantes, algo que no se resuelve “de un día para el otro”.
“El Poder Judicial se quedaría con la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país”, enfatizó Lugones.
Por su parte, Claudio Moroni resaltó el impacto económico de las jubilaciones de privilegio: “El de jueces y servicio exterior es un régimen que provoca un déficit enorme y requiere que el resto de la masa de aportantes pongan mucha plata”. El ministro aclaró que no pretenden que “los jueces compartan sus beneficios con el resto, sino que requieran menos aportes del resto de la población de Anses”.
La iniciativa mantiene “la tasa de sustitución del 82%”, remarcó Moroni resaltando que “lo único” que proponen es que “en lugar de calcular sobre el último haber se calcule sobre un aumento del promedio de los últimos diez años” porque “tiene más relación el promedio de los últimos 120 meses con el esfuerzo contributivo de cada uno».
