Jueces y fiscales incrementaron ayer su presión contra el proyecto del Gobierno que propone reformar el régimen jubilatorio especial que rige para el Poder Judicial.
«Reclamamos la participación de las instituciones representativas en la discusión del proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», afirmaron la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, presidida por Marcelo Gallo Tagle, y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), cuyo presidente es el fiscal federal Carlos Rívolo. El documento lleva las firmas de los dos.
El comunicado sostiene que es imprescindible que tomen parte en el debate «todos los órganos cabeza de poder involucrados» por los «graves efectos» que la reforma, tal como está prevista, «provocaría para el desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos y por ende el perjuicio a la sociedad».
Los jueces venían conversando desde hacía meses con el Gobierno sobre el plan de reforma de sus jubilaciones. El viernes pasado, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso su proyecto, los sorprendió su redacción final. Los magistrados sostienen que es más duro que lo que habían dialogado. «Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema de la Nación», afirma el comunicado de ayer.
Jueces y fiscales dijeron no desconocer «la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas», pero alegaron que la función que ellos desempeñan «presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales».
Este fin de semana, los jueces empezaron a moverse para resistir el proyecto. El camarista Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, fue el primero que cuestionó públicamente el plan de reforma. «Es inconstitucional», dijo.
