El Poder Judicial se prepara para dar batalla en el Congreso y representantes de jueces y fiscales tienen pensado estar presentes hoy en la reunión de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social para expresar su oposición al proyecto impulsado por el Gobierno que modifica su régimen especial de jubilaciones.
Ayer fue un feriado “on fire” para un grupo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que estuvo conectado y activo durante todo el día delineando los puntos a exponer este miércoles en la reunión de comisiones, que será pública. A última hora definían quiénes representarán al sector para dejar en claro su posición.
En tanto, la Asociación de Magistrados, que nuclea a jueces de todo el país, enviará a su presidente, Marcelo Gallo Tagle.
Fuentes judiciales confirmaron que los representantes de la Asociación que lideran los fiscales Carlos Rívolo y Susana Pernas, dirán que “la derogación del régimen traerá aparejada un inmediato agravamiento del déficit que se quiere reducir”.
“No es un régimen de privilegios, es un régimen especial basado en la específica función jurisdiccional con requisitos propios que deben cumplir sus beneficiarios”, advierten los fiscales que dialogaron con la prensa.
Uno de los argumentos fuertes que desplegarán es que la Corte Suprema de Justicia sostuvo su vigencia en el fallo “Gaibisso”, que tiene raigambre constitucional y es una extensión de la garantía de la intangibilidad de los haberes de los magistrados.
Los fiscales quieren dejar claro que “el régimen previsional es solo una parte del diseño que el Estado Nacional realizó sobre los cargos y funciones que estima fundamentales para su funcionamiento”. Su régimen especial “refuerza la independencia con que se debe ejercer la función judicial”.
Por su parte, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional señalaron que unos 350 jueces y representantes del Ministerio Público, estarían en condiciones de jubilarse por edad y aportes.
Reforma
Vale recordar que la reforma que impulsa el Gobierno, que intentará obtener mañana media sanción en Diputados, propone subir los aportes jubilatorios de los magistrados en actividad del 11 por ciento al 18, modificar el 82 por ciento móvil, y subir el tope de los 60 a los 65 años.
