La Defensoría del Pueblo denunció que Amnistía Internacional “está interfiriendo directa y activamente en las políticas sanitarias de Formosa”

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa manifestaron que “trabajamos en garantizar la vida y la salud, tanto de quienes están dentro de nuestro territorio, como de los que necesitan ingresar” y pidieron a la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina que “remita copia simple de la denuncia de los abogados y las abogadas que sostienen que se están violando los Derechos Humanos en nuestra provincia”.
En ese sentido, el Organismo de la Constitución Provincial, junto a las asociaciones y fundaciones locales y diferentes estamentos del Estado provincial, informaron que trabajan denodadamente para que “todos los que necesitan ingresar a nuestro territorio lo hagan en el menor tiempo material posible, respetando siempre las políticas sanitarias locales, ya que de este modo estaremos resguardando la vida y la salud de quienes vivimos en esta provincia, especialmente a los colectivos de alto riesgo que representamos, como también a las familias de aquellos que necesitan retornar”.
En ese sentido, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó por “gravísimas y peligrosas”, las afirmaciones de Marisa Belski, de Amnistía Internacional, en cuanto a que “si se autoriza el ingreso de las 7.500 personas que están esperando, no se va a producir circulación comunitaria de coronavirus”.
Refutó también que las políticas sanitarias provinciales “sean excesivas y que violan derechos humanos. Gialluca, le requirió a Belski que “tome conocimiento de los fallos de la CSJN al respecto y que fueron dictados este año”.
El funcionario provincial sostuvo que lo que se debe dejar en claro, es que “no existe disputa alguna sobre competencia sanitaria, pues está dicho hace tiempo que la citada es materia provincial. Ahora, Amnistía Internacional, no debe defenderse llamativamente de que es una organización internacional apartidaria, pues actualmente, con Formosa, lamentablemente, se ha inclinado y tomado partido por un solo sector, reducido este, conformado por jueces federales de Formosa, del Chaco, abogadas, abogados y dirigentes políticos, quienes disfrutan del excelente estatus sanitario local, pero a la par hacen abusos de habeas corpus y denuncias mediáticas, con lo cual, son estos mismos los que realmente están violando los derechos humanos esenciales a la vida y a la salud en Formosa”.
Gialluca, señaló que Belskis, “habla únicamente con los datos que le presenta un solo sector y por ello afirma que nuestros Centros de Alojamientos son infrahumanos. Nosotros la invitamos a que se contacte con la Defensoría del Pueblo y vía zoom le mostraremos cada uno de ellos, podrá hablar libremente con las personas que allí hacen sus aislamientos y luego ahí sí, sacar una conclusión objetiva en base a la realidad y no a los intereses políticos de sectores judiciales y políticos”.
El Defensor le pidió que “nos ayude con las autoridades nacionales competentes, cuando se reúna, para que las fuerzas armadas federales resguarden nuestras fronteras, no solo por el paso ilegal de personas, sino también contra el contrabando que es una actividad que ahora algunos quieren justificar, siendo que es un delito, donde si se produce, pierde el Estado Nacional, Provincial, Municipal y toda la sociedad”.
En cuanto a la “innecesariamente” cuestión de competencia sanitaria, el Ombudsman Provincial expresó que la CSJN ya se expidió sobre el particular en mayo de 2020 en la causa “Rodríguez, Roberto y otro C/ Buenos Aires, provincia de y otros s/ Amparo – Amparo Colectivo. (Fallo 343_ 283)”, alegando que al debatirse competencia federal sobre políticas sanitarias por COVID/19 afirmó la responsabilidad primaria de los estados provinciales y municipales, por lo que cualquier pleito que se plantee corresponde al conocimiento de los jueces provinciales, y así se respeta nuestro sistema federal y autonomías provinciales”.
Por último, Gialluca advirtió que, “ínterin la CSJN se expida, ningún juez federal de Formosa y tampoco la Cámara de Apelaciones del Chaco pueden legalmente intervenir, pues ya se ha elevado el conflicto positivo de competencias y si lo hacen, “estarían excediéndose es sus competencias y desconociendo la Autoridad de la Corte”.

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