La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su Dirección de Defensa de los Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo, realizó instancias con carácter de «muy urgente» a la Empresa Crucero del Sur Agrupación, cuyos apoderados son los abogados Horacio Lozina y Alejandro Azcurra; a la Unión Tranviarios Automotor (Seccional Formosa) y a la Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a los efectos de que se arbitren las acciones necesarias para que «se normalice» la prestación del servicio público urbano de pasajeros de la Ciudad Capital de Formosa, el cual se halla afectado por un reclamo de la entidad gremial por haberes atrasados.
El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, remarcó que «nuevamente iniciamos una semana en el que corre peligro la continuidad del transporte público de pasajeros de la ciudad capital, dada la existencia de obligaciones salariales que Crucero del Sur Agrupación está adeudando a sus operarios. Desde la Defensoría del Pueblo, organismo que por imperio del Art. 153 de la Constitución Provincial se halla obligada a verificar la eficacia en la prestación de los servicios públicos nos preguntamos ¿será que la transportista, a más de dos años de otorgada la concesión, no puede desarrollar mecanismos para que los constantes retrasos salariales que genera terminen de una vez con las medidas de fuerzas de sus trabajadores? ¿La Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, en su calidad de fiscalizadora de la normal ejecución del Contrato de Concesión, no dispondrá de mecanismos para que no se caiga en situaciones como las que actualmente padece el transporte público en la ciudad capital, con frecuencias de emergencia que en el mejor de los casos tardan dos horas o más?. El gremio ¿no puede activar el procedimiento de conflicto previo a la interrupción de un servicio esencial, dando intervención a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y así evitar la paralización del servicio público?».
«Mientras el gremio y la empresa se centran en una discusión por haberes atrasados que deben ser abonados afectando la regularidad del servicio urbano de transporte de la capital, ante la mirada atenga del área competente de la municipalidad, los usuarios del servicio y los trabajadores se convierten literalmente en rehenes del conflicto laboral. Esta situación no es nueva. Se ha dado en numerosas ocasiones y de persistir la actual coyuntura, será la novena vez que acudamos a la justicia desde que Crucero del Sur está en la ciudad capital. En todos los casos para reclamar la normalización del servicio público. Siendo necesario que se adopten mecanismos concretos que aseguren que los trabajadores de la empresa puedan percibir sus salarios en tiempo y forma, así como que, de no concurrir tal extremo, es preciso un mayor compromiso de los responsables de la empresa y el área competente de la municipalidad, conjuntamente con la representación sindical para que el conflicto no se traduzca en suspensiones o reducciones del servicio público, dañando directamente a todos los vecinos de la ciudad capital, quienes precisan llegar a horario a sus trabajos, establecimientos educativos y demás actividades socioeconómicas para lo cual dependen del transporte en colectivo».
