En un firme pronunciamiento institucional, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa solicitó formalmente al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que el Gobierno nacional detenga el proceso de disolución de Vialidad Nacional y de otros organismos clave como la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El pedido fue realizado por el defensor del Pueblo provincial, doctor José Leonardo Gialluca, quien advirtió sobre el impacto negativo que esta medida tendría sobre la seguridad vial, la planificación de obras y el federalismo en el país. “Desde el interior profundo conocemos lo que significa Vialidad Nacional”, expresó Gialluca, y reclamó que se convoque a un debate serio y participativo en el Congreso Nacional.
El ombudsman formoseño fue contundente: “Lo que estamos viviendo no es un ajuste, sino una demolición del Estado. El Gobierno nacional se está retirando de sus obligaciones, dejando desprotegidos a millones de argentinos”.
La preocupación principal radica en que, de concretarse la disolución de Vialidad Nacional, más de 30 mil kilómetros de rutas nacionales quedarían totalmente abandonadas, ya que la entidad ha sido históricamente la encargada de construir, mantener y supervisar la infraestructura vial estratégica del país.
A esto se suma el anuncio de que el control del tránsito pasaría a manos de Gendarmería Nacional, una medida que Gialluca calificó como una “militarización de funciones civiles”. “Gendarmería no tiene la capacidad ni el rol legal para asumir estas tareas. No podemos permitir que se trasladen funciones técnicas a fuerzas de seguridad, como si los problemas de tránsito se resolvieran con uniformes y armas”, alertó.
Según trascendidos, antes del 8 de julio se publicaría un decreto en el Boletín Oficial para avanzar con la medida, fecha que coincide con el vencimiento de las facultades delegadas que actualmente posee el ministro Sturzenegger. Por eso, la Defensoría exige al Ejecutivo suspender dicha resolución y dar lugar a un proceso democrático con intervención legislativa.
Gialluca reclamó que el tema se debata en el Congreso Nacional y que se convoque a una mesa de diálogo amplia y federal, con la participación de todas las provincias, sindicatos, trabajadores del sector, especialistas en transporte y seguridad vial, y las defensorías del pueblo.
“Decidir desde una oficina en Buenos Aires lo que afecta a todo el país es un acto contrario al federalismo. Las provincias sabemos lo que significa Vialidad Nacional. Eliminarla es atentar contra el desarrollo y la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por rutas nacionales”, advirtió.
Seguridad vial en riesgo
Además, la Defensoría formoseña subrayó que la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial acarreará una mayor inseguridad en las rutas. “No alcanza con rutas en buen estado, también hacen falta controles permanentes y educación vial. Este es un tema de política de Estado que no puede desmantelarse con un decreto”, subrayó Gialluca.
Finalmente, expresó su reconocimiento al trabajo de técnicos y profesionales que históricamente integraron Vialidad Nacional, y remarcó que ningún gobierno puede desmontar de manera unilateral estructuras estratégicas sin asumir el costo social y legal que eso implica.
