El grupo de familias que desde el jueves se encuentran cortando la ruta nacional 11, a la altura del Puente Blanco, en reclamo del módulos habitacionales continuó durante el fin de semana con la medida de fuerza, y pese a ser notificados de una causa judicial iniciada en su contra tomaron la determinación de no salir del lugar. Cabe recordar que el viernes otro grupo con el mismo reclamo se sumó bloqueando dicha ruta frente al Centro Juan Pablo II.
Ante esta situación, la Policía se encuentra dirigiendo el tránsito y los vehículos siguen circulando por caminos alternativos que cada vez son más caóticos.
Defensoría del Pueblo
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo afirman que la Justicia Federal debería haber citado a los que impiden el libre tránsito de la ruta nacional Nº 11 y garantizar el derecho de circular.
José Leonardo Gialluca, titular del organismo afirmó que «las personas que interrumpen el tránsito sobre la ruta Nacional Nº 11 a la altura del Puente Blanco, ejercen una medida que procura coaccionar a las autoridades a efectos de que se les haga entrega de un módulo habitacional contraviniendo la reglamentación vigente en la materia».
El funcionario destacó que «el Organismo de la Constitución a su cargo ni bien conocidas las acciones llevadas adelante por un reducido número de personas que se encuentran en el acceso norte de la ciudad impidiendo circular al transporte terrestre, solicitó la intervención del Ministerio de la Comunidad el cual al momento de la convocatoria ya se hallaba abocado al tratamiento de la problemática».
«En dicha ocasión pudo saberse que por parte de la cartera de gobierno interviniente fue ofrecida toda la asistencia que fuere precisa para guiarlos en los trámites de inscripción y presentación de la documentación necesaria para la postulación en el acceso a un módulo habitacional. Propuesta abiertamente rechazada por los manifestantes quienes expresaron a los funcionarios intervinientes que bajo ningún concepto abandonaría la ruta si antes no accedían a su requisitoria», expuso.
Frente a esta situación se instruyó a la secretaria Letrada de la Defensoría del Pueblo a cargo de José Porfirio García, para que formule una presentación ante la Fiscalía Federal en turno en virtud de la comisión del delito previsto por en art. 194 C.P.A.
Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia José Leonardo Gialluca expreso: “en anteriores ocasiones hemos intervenido frente a reclamos de similares características al que hoy se está llevando adelante en el acceso al Puente Blanco. La dinámica de trabajo determinó que fuéramos asesorando a los diversos grupos a efectos de que pudieran seguir los pasos para llegar a sus unidades habitacionales y a la fecha podemos decir que todas las familias que se hallaban en condiciones de ser adjudicadas con un módulo habitacional hoy cuentan con dicho beneficio».
«Siendo destacable que una vez tomado contacto con dicho grupo comprendió la existencia de una reglamentación legal para acceder a los módulos y la necesidad de ciertos requisitos a tal fin», relató.
Solicitó la intervención de la Justicia Federal «para que se componga una situación que afecta diariamente a decenas de miles de habitantes de la Ciudad Capital, ordenándose la liberación del tránsito sobre la ruta nacional salvaguardando la integridad psicofísica de quienes protestan y sin desmedro de la atención de la cuestión social por las vías legales correspondientes», cerró.
