Tras una semana de clima caótico en el Congreso, el gobierno de Javier Milei intentará evitarse mayores derrotas en las próximas semanas previo al receso parlamentario y en las vísperas del cierre de listas nacionales en agosto. La idea de «aguantar la pelota», según describen desde el oficialismo, se mantiene como la línea central de la estrategia: ganar tiempo hasta que se venzan las cartas de la oposición con el recambio legislativo.
La primera batalla campal de la semana se dio en Diputados. El miércoles la oposición consiguió aprobar emplazamientos de la comisión de Presupuesto para tratar el proyecto de financiamiento universitario y emergencia pediátrica con ayuda de los gobernadores: varios aliados de distintos colores colaboraron con la oposición en esta oportunidad.
Por su parte, el Senado se reactivó para avanzar en los proyectos pendientes, incluyendo el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad que ya tienen aprobación de la Cámara baja desde hace un mes y están a un paso de convertirse en ley.
Los libertarios no lograron frenar la firma de dictámenes que se aceleraron entre el miércoles y el jueves en reuniones divididas y se avecina un pedido de sesión dinamita que, además, pretende incluir el proyecto de los gobernadores para repartirle más plata a las provincias en detrimento de la caja del Gobierno Nacional.
Este conglomerado de iniciativas es explosivo para el programa económico, según el Gobierno, y todas tienen el veto de Milei asegurado. Este será inevitable, pero es postergable, y de eso se encargará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya tiene pensado reunirse nuevamente con los mandatarios provinciales en los próximos días para recomponer ese diálogo.
Vorágine por las
jubilaciones y coparticipación
El último episodio y el más delicado se dio en el Senado el jueves por la tarde, cuando la comisión de Presupuesto se «autoconvocó» para dictaminar el proyecto de jubilaciones. Se trata del aumento del 7,2%; la actualización del bono a $110.000; el flujo de las Cajas Previsionales y la restitución de la moratoria.
Las firmas corrieron por parte de los integrantes de UP, los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la larretista del PRO, Guadalupe Tagliaferri, en dictámenes separados. Todos ellos habían trasladado pedidos para reunir a la comisión pero fueron ignorados y el presidente Ezequiel Atauche (LLA) no la convocó nunca. Como no se votó un emplazamiento, los integrantes optaron por forzarla, apelando a un artículo del reglamento que establece que las reuniones de comisión pueden pedirse con solo tres firmas. Fue el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, quien se prestó por orden de la vicepresidente Victoria Villarruel para que se abra la reunión. Se tiraron reglamentos por la cabeza pero el encuentro no fue transmitido oficialmente porque el oficialismo no la tomó como válido y, por ende, los dictámenes firmados tampoco.
Estos proyectos también requirieron del dictamen de la comisión de Trabajo que preside Carmen Álvarez Rivero, aliada del PRO: ella también fue protagonista de un escándalo puesto que el día anterior, cuando avanzaron con la primera cuota de firmas, ella intentó levantar e irse de la reunión.
También se dictaminó la emergencia en discapacidad, con dos reuniones separadas: primero la de Población y Desarrollo Humano, y después la de Presupuesto (la misma reunión que dictaminó jubilaciones, sin convocatoria). En el oficialismo apelaron que los pedidos eran para reunir a un plenario y no por separado, además de que defienden que no puede abrirse una reunión sin su Presidencia, por lo que la reunión fue irregular.
A esto se suma que el miércoles por la noche ingresaron los proyectos para redistribuir la masa de coparticipación, dos iniciativas que cuentan con la unanimidad de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para transferir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) vía coparticipación y aumentarle el porcentaje de transferencia a las provincias de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles para financiar la obra pública.
La idea de la oposición es llevar los dictámenes y los proyectos de coparticipación -que no tienen dictamen, pero sobran los dos tercios para tratarlos sobre tablas- al recinto el próximo jueves 10 de julio.
El Gobierno analiza
cómo ganar tiempo
Cuando comenzó la reunión de Presupuesto sin su convocatoria, Atauche orquestó una maniobra para pedir reunión de asesores el martes 8 y un plenario de comisiones el martes 15 de julio. De esta manera, y con una posible judicialización en carpeta de avanzar con los dictámenes opositores, aplazaría aunque sea la validación de esas firmas para que el veto del Presidente no llegue antes del cierre de listas.
De todos modos, la convocatoria todavía no transcurrió y el as bajo la manga para dilatarla aún más la tiene Villarruel, quien, a diferencia de como funciona en Diputados, como presidente del Senado tiene margen para decidir cuándo abrir el recinto. Con las reuniones de Atauche convocadas, podría servirle de justificación para no convocar a la sesión de trascender finalmente el pedido esta semana.
El problema para el oficialismo es que ella tiene el vínculo completamente roto con la Casa Rosada. Sin embargo, la estrategia que la caracteriza a la vice es la de darle tiempo al Ejecutivo convocando a la sesión que piden los senadores, pero para otra fecha, más adelante.
En el medio, Francos ya planea una segunda reunión con la comitiva de cinco gobernadores que asistieron a Balcarce 50 para transmitirle originalmente el pedido de los ATN y el Impuesto a los Combustibles. Según fuentes gubernamentales, también volverá a participar el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien hasta ahora solo se mostró dispuesto a hacer una transferencia de fondos si va de la mano de una transferencia de las responsabilidades. Es decir; si las provincias quieren más plata, que se hagan cargo de las obras.
Los mandatarios que llevan a cabo ese diálogo directo son Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. En la Casa Rosada solamente anticipan que se realizará después del 9 de julio y todavía no descartan que el mismo jueves que se pretende la sesión haya una cita.
«El diálogo no está roto y los gobernadores son los primeros interesados en que no explote todo porque si la Nación tiene que ajustar mañana para darle a los jubilados se lo van a ajustar a ellos», interpretaron las fuentes. De todos modos, no hay otra contrapuesta en carpeta para hacerles, al menos que se haya difundido oficialmente, y la Nación se muestra tajante con que los dos proyectos comprometen el equilibrio de las cuentas públicas y no será viable.
No hay plata ni boleta
La avanzada opositora en Diputados fue menor puesto que la sesión se levantó por un escándalo en el recinto provocado por legisladores del peronismo y La Libertad Avanza, que terminaron a los gritos en el hemiciclo.
En la Casa Rosada se apuntan una victoria doble, aunque discreta: el resultado fue que dejaron sin quórum a la sesión justo cuando iban a tratarse los proyectos más fuertes, la ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y el emplazamiento para bajar las retenciones. En ambos casos hay intereses en común con el peronismo para que no prosperen.
De hecho, la jornada terminó con acusaciones cruzadas entre los propios opositores, ya que los radicales de Democracia Para Siempre apuntaron contra Unión por la Patria por montar esa escena adrede para serle funcional al oficialismo.
«Una vez más el pacto entre los libertarios y los kirchneristas y el acting de su falsa pelea nos dejó sin quórum», agitó el diputado Pablo Juliano. «Convocaste a una sesión que no coordinaste con nadie. Ibas camino al papelón. Te salvamos nosotros, dando quórum», le respondió el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, en X.
La descoordinación opositora ya se había puesto en evidencia en la previa de la sesión por desacuerdos por el temario. Pese a la interna, el Gobierno no pudo frenarla: la fórmula para rastrear a los legisladores que empezaron a actuar en sintonía con la oposición durante las últimas semanas está en los armados de las listas y los pedidos de transferencias.
La fractura se vio en aliados que antes eran intransigentes, como los radicales «peluca» de Liga del Interior que conformaron los 87 «héroes» que blindaron los vetos del Presidente el año pasado: el tucumano Mariano Campero y el misionero Martín Arjol, por ejemplo, votaron a favor de ambos emplazamientos y son dos figuras que esperaban posicionamientos de Karina Milei en las listas violetas y no lo consiguieron. Lo mismo con los exlibertarios del MID, Oscar Zago, Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone.
Pero el grueso de los diputados que le soltaron la mano en esta oportunidad tuvieron que ver con ocho gobernadores que, en medio de la pelea por los fondos de coparticipación, le enviaron un mensaje al Gobierno y prestaron sus diputados a que le den quórum a la oposición. Estos incluyen a Innovación Federal, un bloque que responde a Gustavo Sáenz (Salta); Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones) y que también conformaba el piso de «héroes»: todos pusieron al menos una banca esta vez.
En Balcarce 50 le bajaron el precio -«los emplazamientos son gratis»- y creen que eventualmente, de tener que avalar un veto de Milei, los 87 volverán a aparecer. Mejor será, para ellos, no tener que comprobarlo.
