Los legisladores Osvaldo Zárate, Carla Saizer y Diego Herrera alertaron que en lo que va del año Aguas de Formosa aumentó sus tarifas en un 91,25%, lo cual fue posible gracias a un proveído del año 2019 del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos a cargo de Daniel Malich; además denunciaron que la suba se dio a espaldas de los consumidores y usuarios y con el aval del EROSP que es el ente que debe defender los intereses de los formoseños, por lo cual adelantaron que trabajan para solicitar que la medida sea analizada y revertida.
Para los legisladores, los “campeones de la Justicia Social” con su sociedad anónima estatal fijaron tarifas impagables a los formoseños siendo que su compromiso nacional y provincial al reestatizar los servicios privatizados de energía y saneamiento fue que habría tarifas al alcance de los bolsillos de los consumidores y usuarios.
En este marco, recordaron que en el 2019 el EROSP presentó ante el Ministerio de Planificación la Resolución 1889/19 que habría sido el resultado de “las labores” llevadas adelante por una “Mesa de estudios” que evaluó una petición de Aguas de Formosa para una revisión extraordinaria de la tarifa, conforme se desprendería del Pliego de Bases y Condiciones, “el cual desconocemos porque siempre ha permanecido guardado bajo siete llaves por indicación del Ejecutivo provincial”.
En este sentido, señalaron que en Formosa las tarifas no fueron fijadas mediante un proceso de Audiencias Públicas como debe suceder según la Ley Nacional que rige los derechos y garantías de los consumidores y usuarios. “Este procedimiento administrativo especial tendiente a permitir el control ciudadano constante no se dio, y los usuarios resultaron principales afectados”, señalaron.
Cuestionaron entonces que “el EROSP es el ente encargado de proteger los intereses de los usuarios y particulares, exigiendo el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa vigente, dictando y aplicando los regímenes de protección al usuario, lo cual en el caso de las tarifas de Aguas de Formosa se está incumpliendo”.
Al apuntar a los responsables directos insistieron en que “son obligaciones inexcusables del Directorio de la Sociedad Anónima Estatal (Provincia de Formosa-Administración Insfrán) Aguas de Formosa, de la administradora del EROSP Dra. Claudia Villarruel y del ministro de Planificación Daniel Malich, dado que han obviado las tarifas prudentes y eficaces, que posibiliten un servicio eficiente y que cubran los gastos operativos”.
Ayuda del Estado
Es importante decir que las tarifas son cubiertas con fondos provinciales que se originan en el Presupuesto Provincial traducidos en subsidios para asistir a las Tarifas Sociales que cubren una parte importante del universo atendido por Agua de Formosa, el resto se divide en dos mitades regidos por medidores instalados por la empresa y un sistema de “canilla libre” que muy tímidamente ha sido suplantado por medidores -a voluntad- de la empresa prestataria. “Aguas es permanentemente auxiliada con fondos de los presupuestos provinciales de los formoseños para concretar las obras o con asignaciones del gobierno nacional para llevarlas adelante y así beneficiarnos con servicios que debió brindar la empresa con sus recursos propios”, expusieron Zárate, Saizer y Herrera a través de un comunicado.
Recomposición de tarifas a través de revisiones extraordinarias
Y siguieron: “lo cierto y evidente, es que esta empresa estatal ha llevado adelante una recomposición de tarifas a través de revisiones extraordinarias en los últimos años (entre 2019/2020/2021 y 2022) que superan con holgura los promedios registrados de inflación en igual período, es así que con el silencio del EROSP, del Ministerio de Planificación y la Defensoría del Pueblo de la provincia los consumidores y usuarios quedamos en total defección. Las tarifas en el período señalado han crecido en un promedio que ronda entre los 300 y 400 % afectando directamente a todos los formoseños a los cuales sirve con un servicio de agua potable deficiente y un servicio de cloacas parcial y deficitario”.
Justicia
Ante esta situación, resaltaron que la Corte Suprema de Justicia ha dejado bien en claro que es necesario una Audiencia Pública cuando la variación del precio de una tarifa es resultado del accionar estatal, por eso adelantaron que “se recurrirá a ella con el objeto de impugnar judicialmente las tarifas para ver los costos que han originado el incremento de las mismas en un 91,25% en los primeros seis meses del año, cuando, por ejemplo, el índice de inflación ha sido sensiblemente menor”.
“El hecho de no haber cumplido con la exigencia de una Audiencia Pública nos posibilita a los consumidores y usuarios a reclamar en los estrados correspondientes que se cumplan los pasos reglamentarios exigidos para estos casos, los cuales no pueden ser obviados aludiendo a una disposición de menor jerarquía que la Constitución Nacional y la Provincial, como asimismo a leyes nacionales y provinciales”.
“Se han querido refugiar en enclenques artilugios legales, pero éstos caerán ante el peso de la Justicia, porque aunque tengamos que sortear la competencia de la Justicia ordinaria de Formosa para llegar a los Tribunales de alzada nacional no dudamos que seguramente ellos harán cumplir la Ley que ampara a los consumidores y usuarios”, finalizaron los legisladores.
