Con presupuestos específicos, proyectos de ley y programas para la prevención y atención de casos de violencia de género, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de las provincias anunciaron medidas y políticas estatales vinculadas a la problemática.
Además, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires firmaron el lunes 8 de marzo con el presidente Alberto Fernández el Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género que las compromete a desarrollar «políticas públicas integrales» para prevenir y combatir las violencias, para lo cual decidieron fortalecer «las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de recursos, herramientas y acompañamiento político que la sociedad espera».
En ese marco, integrarán un Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, adhieren al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE), al Sistema Integrado de casos (SICVG), y acordaron promover que el Poder Judicial de cada provincia incorpore la perspectiva de género a su funcionamiento; fortalecer las áreas de género provinciales, garantizar que haya equipos interdisciplinarios en los establecimientos de salud y trabajar junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para articular recursos, políticas y acciones.
Además, en Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó en el Día Internacional de la Mujer un paquete de políticas estatales para luchar contra la violencia de género: entre ellas, el Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo, firmó convenios para el plan Comunidades sin Violencia y creó la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, que realizó el primer informe sobre la perspectiva y brechas de género en el mundo laboral de la provincia.
Kicilloff aseguró que «las bonaerenses no van a estar solas» ante «esta cuestión horrorosa» y remarcó su compromiso para «acompañar esta problemática y dar respuestas eficaces».
El mandatario explicó que busca «convertir a las políticas vinculadas a la igualdad en un tema central de gobierno, con una mirada transversal» que se implemente en cada ministerio y política pública del distrito.
La Unidad de Género y Economía, que dirige Laura Lombardía, trabajará en el diseño, promoción y realización de programas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas y funciones del organismo.
Y el Informe de Brechas de Género de la Provincia busca poner de manifiesto las desigualdades estructurales que organizan el mundo del trabajo, haciendo foco en la división sexual del trabajo como categoría usualmente ignorada en los análisis económicos tradicionales, organizadora de un asimétrico reparto de tareas.
A nivel municipal, en la ciudad de Bahía Blanca el Laboratorio para la Participación Ciudadana y la Innovación Democrática (LAB) de la comuna actualizó el portal con datos abiertos sobre Políticas de Género donde habrá información sobre denuncias de violencia de género, de violaciones y abusos sexuales, mientras siguen en funcionamiento los centros de atención de la Mujer y la Familia, en los que se puede obtener información y asesoramiento sobre derechos y herramientas para hacer frente a situaciones de violencia, entre otros.
En Córdoba, por otra parte, el gobernador Juan Schiaretti firmó el 8 de marzo un proyecto de ley, que envió a la Legislatura unicameral, para crear el Fuero Penal en Violencia de Género, que contempla alcanzar 12 fiscalías, dos asesorías letradas de víctimas y dos juzgados, en todos los casos con competencia para atender esa problemática.
Schiaretti consideró a la violencia de género como «un fenómeno que es un verdadero flagelo social» y afirmó que esa problemática «tiene que ser encarado por el Estado», para lo cual dijo que su Gobierno decidió incrementar a 600 millones de pesos el presupuesto para ayudar a las víctimas.
