En medio de la reestructuración de la AFIP y las tensiones con las provincias por el reparto de fondos, el Gobierno anunció este jueves la creación de un nuevo régimen que buscaría ordenar las cuentas provinciales y la regularización de las deudas con la administración nacional.
«El Gobierno nacional acaba de crear el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas para facilitar el saneamiento de las cuentas provinciales; por supuesto, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual.
De esta manera, según el funcionario, los distritos tendrán la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.
El decreto saldrá publicado este viernes y fue elaborado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, donde siguen de cerca las demoras en el tratamiento del Presupuesto 2025 con el que Javier Milei se propone blindar el superávit fiscal y financiero para garantizar los pagos de la deuda.
En conferencia, Adorni dijo que las provincias «tienen desde hoy 30 días hábiles administrativos» para manifestar la adhesión al nuevo régimen y tendrán que presentar la documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en este régimen.
Esto contempla también los informes técnicos y jurídicos que van a tener que ser presentados – ante la autoridad de aplicación – en un máximo de 60 días hábiles administrativos, desde que se notifique la voluntad de adhesión, dentro de los primeros 30 días hábiles administrativos.
Tensiones con
las provincias
La medida llega en medio de las tensiones que mantiene el Gobierno con las provincias por el ajuste de las transferencias, los fondos a los gobernadores que les reclama por las obras sin terminar y las presiones para subir impuestos.
Caputo se puso al frente de la contraofensiva cuando hace dos semanas anunció que por orden del Presidente iban a cerrar todas las sedes del Banco Nación donde los gobernadores suban impuestos y los intendentes aumenten las tasas.
En septiembre, por otra parte, Javier Milei le había pedido a las provincias que lleven a cabo un «ajuste adicional» de US$ 60.000 millones (después se habló de US$ 20.000 millones) para «cumplir con el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PIB», durante la presentación del Presupuesto 2025.
Según los datos de Economía, el sector público nacional tuvo en septiembre superávit financiero, en gran medida por la caída real del gasto. Las partidas que más se redujeron fueron las transferencias de capital a provincias (-97,5%), otros gastos corrientes (-78%) y transferencias corrientes a provincias (-71,5%).
En ese marco, el anuncio de este jueves generó suspicacias entre algunos gobernadores que aguardan conocer la letra chica del decreto para salir a pronunciarse y sospechan que el Ejecutivo «no quiere pagar».
«Este es un paso muy importante, dentro del compromiso de austeridad fiscal, que el presidente manifestó – junto con la presentación del Presupuesto 2025 – e implica el inicio de un camino que tiene como fin rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar, para siempre, con un modelo injusto y extorsivo que padecen muchas de las provincias argentinas», dijo Adorni más temprano.
Para Nadín Argañaraz, director del IARAF, el régimen permitiría que el día 31 de diciembre cada provincia tenga cerrado con Nación activos y deudas, y que haya compensaciones de deudas recíprocas.
«Sería bueno que se ordenen los pasivos y los flujos netos consecuentes, de modo tal de poder avanzar en la discusión de la coparticipación federal de impuestos, discusión que va a ser muy intensa y compleja», dijo el economista.