El diputado nacional por la UCR-Juntos por el Cambio Mario Arce junto al Presidente de la UCR Martín Hernández presentaron ante la Justicia Federal una denuncia penal tras los graves sucesos ocurrido en el centro de aislamiento que se encuentra en Estadio Poliderpotivo Cincuentenario. La denuncia cuenta con el patrocinio letrado de la Dra Agostina VIllaggi quien junto a un equipo de profesionales de la UCR elaboraron la denuncia penal.
Mientras se observa que las acciones de otras provincias Argentinas hace meses encausaron la vida de sus ciudadanos en la nueva normalidad permitiéndoles continuar con sus actividades sin dejar de atender la pandemia, pero tampoco matar la economía ni mucho menos atentar contra la dignidad de las personas.
Esta cuestión entre tantas es por las que el legislador de Formosa viene demostrando “su preocupación” y a su vez realizado distintas gestiones para mitigar de alguna manera “los atropellos de los cualés son víctima sus comprovincianos”.
“Son de público conocimiento las delaciones que ocurren en los centros en donde el gobierno provincial obliga a los ciudadanos a realizar la cuarentena siendo el único distrito del país que no permite que la misma sea en los domicilios en casos asintomáticos y cuando deben esperar los 14 días que inexplicablemente en muchas ocasiones se trasforman en 20”, subrayó Arce.
Los videos y denuncias que presentaron quienes están cumpliendo el aislamiento en el Cincuentenario tomaron conocimiento por todos los medios nacionales.
Por ello el parlamentario junto al.presidente del Comité de la UCR Martín Hernández radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal para que se aclaren los hechos y se determine de una vez por todas las responsabilidades de los funcionarios que cometen estos atropellos en contra de la ciudadanía.
En la denuncia el diputado hace notar que se están violando las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación (A.I. Nº612/2020) y de esta forma fomenta la propagación de la epidemia Covid-19 pues de los testimonios resulta claro que las condiciones de hacinamiento entre personas con resultado negativo y personas que ya padecen la patología Covid- 19 constituyen un hecho grave y conducente al contagio y propagación de la epidemia.
Además, sostiene que la provincia incurre en delito de Desobediencia Judicial ya que las condiciones en que se encuentran los ciudadanos en el centro de aislamiento no son las adecuadas porque no que no se está asegurando la intimidad de las personas en el Estadio Cincuentenario, no existen habitaciones individuales, solo son divisiones precarias y transitorias, no existen puertas, toda las personas alojadas se encuentran hacinadas, no existen lugares apropiados para que las mujeres con hijos tengan intimidad, la población está durmiendo enfrentados sin privacidad, no existen la cantidad de baños para la población, ya que se torna degradante para las personas, resultando no solo violatorio de la intimidad, la dignidad, sino también de las normas sanitarias vigentes.
Violación a los DDHH
Otra razón que se resalta en la denuncia es la clara violación a los Derechos Humanos establecidos expresamente por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, esto se suma a antecedentes como la muerte del suboficial Mallorquín quien no pudo continuar con su tratamiento oncológico ya que no lo dejaban volver a la provincia y la situación de miles de varados que debieron vivir a la vera de una ruta en muchos casos con niños y que solo pudieron ingresar con una orden la CSJN.
En este punto hace notar el trato inhumano, degradante que resultan manifiestos ante la ausencia de condiciones mínimas de seguridad sanitarias, de intimidad, dignidad, higiene, de preservación de los derechos de niños niñas y adolescentes, vinculándose acciones de violencia institucional, de género y discriminación.
“Aunque el gobierno y la Mesa del COVID 19 se empeñen en justificar sus acciones escudándose en la falsa dicotomía de la libertad o la vida, cuestión que se cae si se atiende a los dispuesto por CIDH que sostiene. La finalidad de protección de la salud no puede ser invocada de manera ambigua o abusiva para desatender las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos de conformidad con los principios esenciales de una sociedad democrática”, afirma el legislador.
Arce sostiene que es su deber de funcionario elegido por el pueblo velar porque se respeten los derechos de los formoseños, y apela al Poder Judicial para que investigue estas violaciones manifiestas a la dignidad de las personas, y de no ser escuchado apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ya es hora de que culminen los atropellos, las decisiones arbitrarias, la falta de razonabilidad y se establezcan medidas acordes a la situación con propuestas claras como las ofrecidas por el diputado en más de una ocasión, pero como es costumbre y siendo fiel al autoritarismo que lo caracteriza, el gobierno provincial nunca escuchó, al igual que tampoco escucha a los ciudadanos que los eligieron para gobernar.
