«Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable», anunció Manuel Adorni.
El Gobierno echó al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar, tras el escándalo de las coimas.
«Hasta que se aclaren los hechos, el Presidente (Javier Milei) ha tomado la decisión de despedirlo», anunció en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni sobre Thierry Decoud.
«Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable. No porque sea efectivamente responsable, sino porque el Presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia», AGREGÓ.
Se trata de la primera voz oficial que sale a hablar del escándalo por las presuntas coimas en la empresa de carbón del Estado.
La compañía de capitales israelíes TEGI Limited le propuso a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) -una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar- la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por cerca de US$ 2,1 millones de dólares. Pero la operación se cayó, luego de un pedido de coimas.
Si bien estuvo a punto de cerrarse en junio pasado, finalmente no se realizó por las irregulares maniobras de Andrés Gross, un misterioso intermediario que, según se desprende del audio de una reunión por videoconferencia que mantuvieron las partes involucradas, le pidió al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet, un dinero adicional para avanzar en la negociación.
En un audio de 13 minutos al que accedió Clarín, quedó registrado el diálogo de Yarke Ariet, con los intermediarios Andrés Gross y Alejandro Salemme, quienes pretendían cobrar para «facilitar» el negocio.
Gross es amigo del interventor de YCRT designado por el Gobierno nacional, Thierry Decoud. Según pudo saber Clarín, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo iba a convocar a una reunión en el Palacio de Hacienda para interiorizarse sobre el tema y evaluar los pasos a seguir en materia política.
Este martes, la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Graciela Ocaña, presentó una denuncia contra Decoud, Gross y Salemme. En el escrito, presentado por la funcionaria ante la Justicia Federal, pide que se investigue a los tres involucrados por «la presunta comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias».
En los hechos de la denuncia, Ocaña resalta que «a través de diversos medios de comunicación se hizo público un intento de cobrar una coima por parte de ‘facilitadores de negocios’ que termino frustrando una venta millonaria en favor del estado argentino» y que «se puede apreciar como Andrés Gross y Alejandro Salemme intentan cobrarle una coima a la empresa israelita TEGI para cerrar una operación de compra de carbón».
