La concejal capitalina y abogada, Gabriela Neme, hizo su descargo ante el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa por la denuncia que realizaron un grupo de abogados quienes piden suspenderle la matricula profesional «por un mal uso de un vocablo» y la comparación de los centros de aislamiento preventivo con «los centros de detención clandestinos que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar en Argentina».
Vale recordar que la doctora representó a varias de las familias de los varados que presentaron un habeas corpus colectivo ante el ex juez Fernando Carbajal, subrogante del Juzgado N°2 de Formosa.
Neme, explicó que presentó su descargo tras vencerse el plazo «para defenderme de la persecución política que pretende acallar mi voz».
«Conforme al plazo de ley se vencía para ejercer mi defensa donde presente todas la pruebas donde dije que los Centros de Aislamientos estaban funcionando como centros clandestinos de detención. En nada falle a mi moral y ética porque fue una consideración mía que esta abalada por los dichos de la gente, por lo que presenté los testigos de las personas que han sentido que estaban detenidos», contó.
Además dijo que se presentó el día lunes ante la justicia para ponerse a consideración de la misma. «Es incompetente porque hay una ley federal, que si cometo una falta a la moral me tiene que juzgar la Cámara Federal de Resistencia. Entonces me puse a consideración e esta maniobra que lo único que busca es intimidarme, callar mi voz, pero no lo van a conseguir».
Aseguró que «ante la complicidad de un Consejo Profesional de la Abogacía no solo ilegítimo sino cómplice por su silencio del peor avasallamiento de derechos vividos por los Formoseños»
«Podrán denunciarme, podrán perseguirme pero sepan que nunca podrán callar mi voz, que es la voz de los que no la tienen», aseveró.
«Les puedo asegurar que las irregularidades son tantas que se terminarán arrepintiendo de perseguirme injustamente. Han presentado una denuncia injusta en mi contra, malintencionada», indicó la edil.
A su vez dio a conocer que tienen 60 días para llegar a resolver, «pero lo que tendrían que hacer es suspender el trámite y convocar a elecciones de manera inmediata porque no tienen legitimación para juzgarme ni para cobrar la matricula. Tienen que irse del Consejo».
Asimismo sostuvo que «la ausencia de los colegas se debe a no tener un Consejo que garantice el ejercicio de la profesión, no hay seguridad jurídica, porque cuando uno se anima a levanta la voz, pasa esto».
Descargo
«Que vengo por la presente a evacuar descargo ejerciendo mi adecuado derecho de defensa, en base a esta infundada y persecutoria denuncia presentada en autos, que encierra un clara maniobra intimidatoria para acallar mi voz que en nada absolutamente en nada tiene que ver con mi ejercicio profesional, y que debió haber sido rechazado de oficio por carencia de fundamentos y falta de adecuación al código de ética que nos regula», comenzó diciendo.
«Para poder establecer un marco quiero recordar que en el año 2020, he cumplido 25 años de ejercicio profesional, con una conducta intachable, así es las bodas de plata, sin que siquiera este deslegitimado Consejo Profesional sea capaz de enviar por medios digitales (por la pandemia que hoy se usa hasta para justificar lo injustificable, como la incapacidad de defender y garantizar el ejercicio profesional) una salutación a los colegas, ya que no fui la única, pero lastimosamente al haberse convertido en una unidad básica del gobierno de turno, ha dejado de representar y velar por el ejercicio de nuestra noble profesión».
«He sido en numerosos periodos delegada a FACA tanto por jóvenes abogados como por la comisión de mayores, y digo todo esto, porque no voy a tolerar que por una persecución política este Consejo Profesional pretenda poner alguna mancha en una profesión que he ejercido con probidad y lealtad profesional».
Y continuó: «Lastimosamente en cada ataque que he sufrido en la defensa de los más vulnerables en Formosa frente a un avasallamiento de derechos nunca antes visto, no he tenido el apoyo de estos llamados abogados y representantes de la APDH, ni mucho menos del Consejo Profesional ya que no me ha garantizado un ejercicio en libertad, manteniendo un silencio absoluto, y hasta cómplice cuando he sufrido ataques mediáticos por parte de los gobernantes de turno».
«Destaco que voluntariamente he presentado una auto denucnia conforme lo prevé la ley 22192 art. 28 inc.b, a los efectos que el tribunal competente “Excma. Cámara Federal de Apelaciones”, evalue si mis dichos obrantes en la causa 3967 configuran una falta a la ética y a la moral en el ejercicio profesional, o si en su defecto lisa y llanamente la denuncia presentada ante este Consejo Profesional es al solo efecto de impedir mi libre expresión y el libre ejercicio de mi profesión de abogada», siguió.
«Claramente estamos frente a un manifiesto caso de abuso del derecho por los representantes del Consejo Profesional de la Abogacía, quienes han excedido de manera abusiva el plazo del mandato para el cual han sido designados, no puedan ser prorrogados por una autoridad administrativa que solo tiene facultad de fiscalización de las personas jurídicas privadas, (conforme lo dispone el CCyC) y no que quedan eximidos de responder por los perjuicios que se hubieren ocasionado a la sociedad por dicha circunstancia».
«Tal cual lo que se demuestra por mi parte estamos frente a un claro caso que implica el ejercicio abusivo de un derecho y deben ser sancionados en consecuencia. Pero ello no puede desconocer que el bien mayor que debieron perseguir las autoridades es intentar y evitar que el Consejo quede Acéfalo con la gravedad que ello acarrea»
«Por todo lo expuesto en este punto surge manifiesto la imposibilidad de ser juzgada en mi actuación profesional por autoridades que carecen de mandato legítimo, por lo que solicito se suspendan las actuaciones hasta tanto se convoque a un proceso electoral».
Por último, indicó que realizará «acciones legales contra los denunciantes por calumnias, y daños y perjuicios y contra las autoridades del Consejo Profesional por actuar sin mandato legal».
