Ante el escándalo y estupor social que desató en los últimos días el otorgamiento masivo de prisiones domiciliarias, el legislador nacional por Formosa Mario Arce, (Juntos por el Cambio) dio su opinión al respecto y dijo que «la justicia penal es responsable de las decisiones que toma y el Gobierno de sus acciones, porque bajo el pretexto de la pandemia ha utilizado esta vía para pedir por la libertad de políticos encarcelados con condena, generando un efecto cascada imposible de controlar».
Y siguió: «El caso Boudou fue uno de los primeras personas públicas puestas en la libertad, y en las últimas semanas el gobierno que preside Alberto Fernández, a través de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla impulsó con el mismo fundamento, la liberación de Ricardo Jaime, uno de los responsables de la Tragedia de Once, de Martín Báez (hijo de Lázaro Báez) corresponsable de las irregularidades de Ruta 86 en Formosa y otros ex funcionarios que por suerte no tuvieron lugar y fueron rechazados, aunque sumaron antecedentes».
«El ejemplo que dio el gobierno con estas acciones, generó que muchas personas que estaban cumpliendo condena por diferentes delitos de consideración, tanto en cárceles federales como provinciales, utilizarán esta estrategia procesal para salir con el aval de la justicia», reflexionó.
«Es imposible desligar o eximir de responsabilidad a ambos poderes que han cedido frente a la presión de los delincuentes, dejando un mensaje a la sociedad de debilidad e incapacidad de todo el sistema para dar respuestas», añadió Arce.
A su vez, aseveró que «hoy los principales funcionarios, incluido el Presidente de la Nación pretenden despegarse de esta situación, pero esto no quiere decir que están exentos de las decisiones del Poder Judicial porque promovieron y avalaron institucionalmente acciones a favor de ex funcionarios con sentencia en el medio de este contexto”.
Magnitud de los delitos
El legislador consideró que «en una primera instancia se dijo que el otorgamiento de la prisión domiciliaria se debía al miedo de contagio y que eran para personas que fueron condenadas por ilícitos leves, pero lo cierto es que esto no ocurrió, porque los delitos leves en su mayoría son excarcelables, por ende la gran mayoría son delincuentes que salieron estaban vinculados a delitos más graves».
«Para liberar a una persona el juez debe tener en cuenta ciertos elementos como la salud o la edad que debe estar respaldado por informe de profesionales, pero ante este contexto dejaron de lado los libros y firmaron la domiciliaria a centenares de abusadores, narcotraficantes, homicidas, dejando desprotegidas a víctimas y familiares», se despachó.
Pietragalla debe irse
«Sin perjuicio de que jueces deberán responder ante un juicio de remoción por mal desempeño de sus funciones, la responsabilidad política también existe» y se preguntó, ¿cuántas causas o situaciones de violación de derechos humanos existen en la Argentina para que un Secretario de Derechos Humanos solo se ocupe de la prisión domiciliaria de ex funcionarios condenados por corrupción?»
«El Presidente debe pedirle la renuncia a Pietragralla, porque hasta ahora lo único que ha demostrado es tener una mirada selectiva y sesgada de los Derechos Humanos, transformando esta área del Estado en un Estudio Jurídico al servicio de intereses sectoriales», cerró.
