Ante el paro sorpresivo del sistema de transporte urbano de pasajeros que ocurrió el martes, los concejales capitalinos de la Unión Cívica Radical, Celeste Ruíz Díaz y Gerardo Piñeiro presentaron un pedido de informe al Intendente de la Ciudad, Ing. Jorge Jofré.
Los ediles indicaron que «cada inicio de mes nos encontramos con una medida de fuerza de los trabajadores que trae como consecuencia que miles de vecinos se queden sin un servicio esencial» y que «teniendo en cuenta que la situación es recurrente exigimos al Intendente que nos brinde un informe detallado de por qué no adoptó, y nunca lo hace, las medidas para las cuales está habilitado según el artículo 59 del pliego licitatorio, donde consta que el municipio puede hacer usufructo de las unidades a fin de garantizar el servicio en forma directa y sin intervención judicial».
«Sin ánimos de ahondar en la legalidad de una acción de fuerza gremial, que diere origen a la medida de fuerza, que culminó con la suspensión del servicios público esencial de transporte urbano de pasajeros, la cual sistemáticamente deja a toda la ciudad de Formosa sin el servicio de colectivos, no podemos dejar pasar por alto que los formoseños estamos siendo rehenes de un conflicto entre particulares, por la decisión del Estado de no haber arbitrado los medios legales para que dicho servicio público esencial de transporte urbano de pasajeros este siendo explotado por una empresa monopólica», reza un párrafo de la presentación realizada ayer a la mañana.
Explican además que «en los casos en que por situaciones de conflictividad gremial los trabajadores del sector dispongan medidas de fuerza en los términos de su Convenio Colectivo y de las garantías contempladas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, los trabajadores deberán prever el cumplimiento de un servicio mínimo que asegure a la comunidad la posibilidad de trasladarse hasta tanto se resuelva el conflicto que dio origen a la medida de fuerza. Debiendo los permisionarios del transporte y los trabajadores tomar todas las medidas necesarias a los efectos de garantizar la prestación mínima de los servicios, en situaciones de conflictividad laboral, causa de fuerza mayor o cualquier otra situación que atente contra el normal desenvolvimiento de la actividad».
Para Ruíz Díaz y Piñeiro «cumplir con las obligaciones que le compete al Intendente garantizaría el servicio y evitaría que los vecinos de la ciudad sean los damnificados de un problema sindical que los excede».
Por último, los radicales esperan una pronta respuesta y que «de aquí en adelante el Intendente cumpla con sus obligaciones en lo pertinente al sistema de transporte y que los vecinos no terminen siendo víctimas de la incompetencia y la irresponsabilidad del Jefe Comunal de la ciudad».
