Varias empresas de telefonía móvil, cable e Internet anunciaron, esta semana, que regirá un aumento del 20% en sus tarifas a partir del mes que viene, es decir, en enero del 2021. Los precios se encuentran congelados desde agosto, cuando el presidente Alberto Fernández los declaró servicios públicos. Es por ello que, desde la Defensoría del Pueblo se requirió formalmente al ENACOM Nacional y a la Delegación Formosa que «frente a los comunicados que ya son públicos de varias proveedoras de servicios de internet en cuanto a incrementar sus prestaciones como mínimo en un 20% o más, se intime a todas ellas a cumplir con las normativas vigentes para modificar el precio de los valores de estos servicios públicos y por otra parte, que se tenga en cuenta que las subas pretendidas no pueden darse de una sola vez, ya que, se debe tener en cuenta el contexto de crisis social y económico que vive el país».
«Nuestro planteo institucional, es que, a partir de que se venza el decreto que congelaba las tarifas, se proceda, si fuera necesario únicamente a ajustar precios, pero de manera escalonada, y siempre, con la autorización administrativa y legal del ENACOM», se expuso desde el organismo.
Asimismo, el Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, señaló que «en tiempos de pandemia y con el nuevo gobierno nacional, se recuperó la capacidad regulatoria del Estado sobre estos servicios, y por ello es necesario que, se ejerza las fiscalizaciones pertinentes a favor de los usuarios, toda vez que, en la factura de Cablevisión Fibertel de diciembre, se les informó a los usuarios del ajuste: ‘Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%’. Lo mismo ocurre con los proveedores de telefonía móvil, cable e Internet que comunicaron esta medida señalando que contaban con la autorización del ENACOM, hecho que hasta la fecha nosotros desconocemos».
«Se debe recordar que en los últimos 4 años las empresas de telecomunicaciones en Argentina, aumentaron las tarifas por encima de la inflación, multiplicaron sus ganancias a pesar de la recesión, dejaron de invertir y fueron las que más quejas y reclamos tuvieron junto con las entidades bancarias. Durante el anterior gobierno nacional, aumentaron las tarifas en un 327%, en tanto la inflación promedio fue del 231,4%, según el Centro de Economía Política Argentina – CEPA-. La telefonía móvil aumentó en 2019 un 91%, cuando el índice general de precios fue del 53% y esto obviamente que afecta no solamente a quienes viven de un ingreso público o privado, sino que también atenta contra el acceso a la conectividad, lo que no permite estudiar o trabajar a miles de personas».
«También se solicitó al ENACOM que, todas estas empresas garanticen una conectividad de calidad en todo el territorio nacional, ya que, la nueva realidad en la que nos ha colocado la pandemia del coronavirus hará que sea fundamental la misma y por otra parte, entendemos que se debe buscar la forma en que los servicios de internet, cable y telefonía móvil tengan una tarifa social para los sectores más vulnerables y sean gratuitos en las escuelas públicas, colegios, hospitales, centros de salud, centro de jubilados, pensionados, clubes de barrios y otros sitios donde estas empresas privadas deben mostrar que poseen responsabilidad social empresarial», finalizó diciendo el funcionario provincial.
