La Cámara de Comercio de Formosa y más de un centenar de emprendedores, empresarios y trabajadores del sector privado, patrocinados por el senador Luis Naidenoff y el equipo jurídico de la UCR, presentaron una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad de la fase 1 en Formosa.
La presentación judicial se realizó ante la Justicia Federal el pasado miércoles 12 de mayo y busca declarar la inconstitucionalidad del aislamiento obligatorio que impide ejercer el derecho al trabajo de los rubros considerados “no esenciales”.
La acción de amparo se promueve contra la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 62/21 y la resolución 02/21 del Consejo por considerarlos “instrumentos que contienen prohibiciones y restricciones que afectan de manera arbitraria el derecho de trabajar y circular, por ser violatoria del derecho de igualdad dispuesto en el art. 16 de la constitución nacional, por el trato diferente que se dispensa a distintos rubros considerados “esenciales” que pueden abrir sus puertas siendo que el de ingreso de personas se da de igual manera que en los otros rubros impedidos de laborar”.
En el escrito patrocinado por Luis Naidenoff, Martín Hernández, Agostina Villaggi, Emilia Maciel y Juan Montoya afirman que los derechos al trabajo y a circular “se encuentran gravemente afectados por la prolongada, desproporcionada e incierta continuidad de las medidas de prohibición de ejercer industria lícita, y de circular, sostenidas por la provincia de Formosa, las cuales no encuentran sustento en ninguna norma nacional que lo habilite”.
Además, solicitan que se decrete una “medida cautelar innovativa, con expresa habilitación de días y horas inhábiles, tendiente a que el demandado garantice de manera urgente el derecho a trabajar de los rubros privados; comercios de indumentaria, gimnasios, bares/restaurantes, estudios de danza canto y arte, actividades de recreación y esparcimientos con protocolos razonables debiendo ajustar las medidas de seguridad y control, sin afectar ni restringir el derecho a trabajar y generar ingresos económicos de todas las personas que se dedican al comercio privado que se encuentran impedidos de trabajar, hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad planteada”.
Sostienen que “las restricciones existentes son a todas luces ilegales y contrarias a la normativa nacional dispuesta por los DNU, son violatorias de normas constitucionales, y no respetan la garantía de razonabilidad de las leyes”.
“La continuidad de establecer fases restrictivas de manera espasmódica, recurrente, arbitraria, ilegal e irracional, sostienen en la provincia la prohibición de poder trabajar y desarrollar la actividad privada que bien puede ser realizada, controlada y ejercida en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, omitiendo por completo avanzar en protocolos que permitan habilitar la actividad privada e incumpliendo con los DNU nacionales, máxime cuando la provincia no ha marcado ni denunciado ante el gobierno nacional la variación de sus condiciones epidemiológicas o sanitarias la falta de dialogo, de respuestas y el silencio por parte del consejo integral de la emergencia y/o del gobierno de la provincia, sumado a la ausencia de un gobierno nacional que deja que un provincia desconozca los DNU nacionales son demostrativos de la arbitrariedad manifiesta”, indicaron.
“Esta situación da base a una afectación palmaria del derecho a trabajar, protegido por el art. 14 de la constitución nacional, como asimismo a ejercer el comercio y una industria lícita como fuente de ingresos, provocando esa violación actual la paralización de toda actividad generadora de fuentes de recursos y de trabajo, y la inminencia de un destino casi elemental: la quiebra y el cierre definitivo de la actividad”, argumentaron.
