La APDH regional Formosa, expresa su gran preocupación al tiempo que repudian enfáticamente, «las acciones de represión a hermanos Wichí desde El Chorro hacia arriba, en Maria Cristina y Santa Teresa». Miembros de esas comunidades vienen solicitando desde el bloqueo sanitario de El Chorro, la implementación de un cajero móvil para percibir sus haberes por lo que hicieron un corte de ruta. Esta acción, a la que «se vieron forzados a recurrir, obedece a una actitud de silencio e indiferencia de las autoridades politicas como a la falta de respuesta de las autoridades bancarias. Esto no es una novedad, las comunidades están agotadas por ese mecanismo de espera permanente al que deben acostumbrarse». «Para llegar a esta decisión pasaron días, semanas, asambleas, notas, peticiones y por supuesto la indiferencia de quienes tienen la posibilidad de responder desde el servicio público», contaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Seguidamente, informaron que «inmediatamente después del corte se desató una represión con gran cantidad de camionetas y efectivos policiales más un camión tipo unimog. Entraron a buscar a las personas en sus casas y los llevaron detenidos por la fuerza a Lucinda Velazquez ; Andrés Moreno, Eugenio Moreno, Mauricio López, José Rodriguez, Onorio Velázquez, Aparicio Flores, Ignacio Quiroga de la Comunidad de San Miguel. Reginaldo Melgado Ercilio Melgado de la comunidad de El Palmarcito, Isidro Martinez, Eugenio Melgado, Félix Melgado, Villalba Melgado, Cecilio Melgado y Emesto Solitario».
«Sabemos que durante la situación de pandemia y por las medidas de seguridad sanitaria que deben adoptarse, es probable que se agudicen conflictos que visibilizan la tensión entre los derechos individuales y los derechos colectivos».
Asimismo indicaron que «la urgencia de la amenaza de la pandemia tiende a invisibilizar la situación en la que viven las comunidades originarias, quienes padecen las mayores brechas en sus condiciones de vida, niveles de pobreza y en el grado de vulnerabilidad sanitario frente a los no indígenas».
«También persisten en los pueblos originarios de la provincia, inequidades que dan cuenta de los obstáculos en el acceso a la atención de la salud, el acceso a la justicia y a numerosos bienes y servicios que dan confort a la vida en comunidad», sostuvieron.
Es en ese marco que «solicitaron la existencia de un banco móvil, pedido que fue desoido y condujo a, transcurrido un largo tiempo de espera respetuosa, busquen ser escuchados por acciones más visibles». Desde la Asamblea Permanente por los DDHH Regional Formosa, indicaron que «en función de la numerosa legislación vigente y de los acuerdos intemacionales a los que la Argentina adhiere, instamos a las autoridades locales a : – Ordenar el cese inmediato de la represión policial, de las acciones de amedrentamiento y de cualquier otra práctica de hostigamiento y persecución a los/as integrantes de la comunidad. La actual situación de crisis o el reclamo del cumplimiento de derechos no puede ser el contexto para un mayor despliegue de prácticas represivas. – lnstamos a las autoridades locales a que exija de las fuerzas policiales y de seguridad se ajusten, ante situaciones de conflicto , a las recomendaciones vigentes y a la normativa existente (Constitución Nacional, Convenio 169 OIT, y particularmente las recomendaciones de Procuraduría de Violencia Institucional sobre las Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), y las del Comité de Ética y DDHH creado por el gobierno nacional , cuyo eje está dado por la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos esenciales y libertades fundamentales)».
Indicaron que en contexto de pandemia, «se ven seriamente afectados, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la circulación y a la alimentación, por lo que se requiere una mirada integral, intersectorial, con políticas sanitarias sustentables y sostenibles con criterios justos de distribución de los recursos. Todo ello, exige el fortalecimiento del vínculo con la comunidad de referencia, atendiendo a la confianza sustentada en las relaciones que se construyen entre la ciudadania, los gobernantes, las organizaciones y todo colectivo social».
«Nos sumamos al pedido formulado, en son de paz, por los representantes de las comunidades reunidos en Asamblea en la comunidad de Santa Teresa/Ramón Lista en el dia de la fecha, por que se resuelva la situación lo más pronto posible, garantizando la paz para con sus hermanos y respetando el territorio comunitario , cómo lo establecen los tratados internacionales de ddhh incorporados a nuestra Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley provincial 426», cerraron.
