El jueves el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones. En contacto con Expres en Radio, el Dr. Dardo Caraballo, letrado que presentó la denuncia por el pago de fiscales de Juntos por el Cambio en Formosa, aseguró que es importante que se demuestre que un determinado candidato en forma «grosera» y con «maniobras» que quedaron muy al descubierto utiliza a las personas.
Al referirse a la cuestión dijo que «el requerimiento fiscal que es el que firmó el fiscal Di Lello esta semana da inicio a la apertura de la causa penal, porque en el sistema procesal penal el monopolio para acusar a alguien lo tiene el Fiscal que es quien impulsa porque considera que en las denuncias y pruebas que se aportaron hay elementos en juicio que ameritan la apertura de un sumario judicial y la investigación correspondiente donde las personas mencionadas tienen el derecho de defensa».
Expuso que se dieron «delitos electorales» que «están contemplados por ahora en el Código Electoral Nacional, donde en uno de sus artículos habla de la compra de votos, de la orientación del voto en un sentido determinado, en este caso fue un poco más allá porque según nuestra visión se trató del reclutamiento de fiscales a cambio del pago de un subsidio».
«Después de la denuncia que hicimos en Formosa, nosotros le llevamos al fiscal Di Lello que del cotejo de los telegramas que se recibieron al cierre de los comicios del 27 de octubre con el cotejo del listado de beneficiarios que cobraron este bono, ya sea antes o después de las elecciones, en 757 casos coincidían con que fueron fiscales de Juntos por el Cambio que llevaba de candidato a diputado nacional a Ricardo Buryaile», continuó diciendo Caraballo y aclaró que «esa cantidad es sobre una cantidad de 1404 mesas que se habilitaron en toda la provincia lo que significa casi el 54% de fiscales».
«El Dr. Jorge Landau que es el apoderado del Frente de Todos del PJ es el que hace la denuncia el 15 de octubre, nosotros la hacemos acá el 16, y la medida cautelar de suspensión del pago salió dos días después», recordó el letrado.
Indicó el abogado que más allá de lo estrictamente jurídico, procesal y técnico «el castigo es la posibilidad de que se demuestre que un determinado candidato en forma ‘grosera’ y con maniobras que quedaron muy al descubierto utiliza a las personas».
«Yo estoy convencido de que este subsidio para desempleados la gente lo necesita, pero la forma en que se instrumentó fue altamente reprochable porque fue en la clandestinidad, esa Resolución jamás se publicó en el Boletín Oficial, no se supo con qué criterio se seleccionaron las personas beneficiarias, en definitiva, se dieron un montón de cuestiones que hacen sospechar de las mas altas autoridades de la Nación. Veremos cómo avanza; quiero que esto se ponga a la luz de que hay maniobras que no se pueden hacer», expuso.
«Las cosas hay que hacerlas como corresponden, y si hubo una idea de hacer algún incentivo para ayudar a las personas ante la difícil situación hay mecanismos de transparencia, de publicación, y de selección con criterios más justos», dijo.
Por último, al referirse a Buryaile y el concejal Montoya, insistió en que «en la denuncia no están involucrados como autores que materializaron el hecho sino como gestores, es decir, que son las personas que se encargaban de direccionar el beneficio».
«Quiero que se demuestre que candidatos utilizaron a las personas a través de maniobras»
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