Ramírez le recordó al Defensor del Pueblo que su función es “velar porque no se violenten los derechos y garantías de los formoseños y no defender al gobierno”

Ayer se conoció la Resolución del Superior Tribunal de Justicia de Formosa donde asegura que la provincia tiene potestad exclusiva sobre la política sanitaria, esto derivó de una acción declarativa promovida por el Defensor del Pueblo, Dr. Leonardo Gialluca, quien se habría presentado en representación del colectivo de personas de alto riesgo de salud frente a la pandemia por coronavirus, como así también de todas aquellas que “oportunamente” han solicitado desde hace tiempo a ese organismo que se les gestione el ingreso al territorio provincial, pues habiendo realizado el trámite correspondiente y concedido el número de solicitud respectivo, aún no se les ha podido determinar fecha de ingreso.
En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Enrique Ramírez se refirió a la cuestión y recordó que sobre el Defensor del Pueblo pesa un pedido de juicio político por ser aportante activo del Partido Justicialista y no defender los intereses de los formoseños. “La función que debe cumplir Gialluca es defender a los formoseños y no al gobierno como lo está haciendo”, asintió y reiteró que “nosotros hicimos la presentación de juicio político porque el Defensor del Pueblo debe tener una conducta ética y moral ecuánime”.
Seguidamente indicó que “el juicio está pendiente de tratamiento en la Cámara porque nosotros lamentablemente no tenemos sesiones ordinarias, sino que son extraordinarias, es decir, son convocadas a un efecto determinado; lo bueno es que la presentación debe ser tratada sí o sí en este período legislativo”.
“El pedido de juicio político raya con lo que necesita la sociedad, la ciudadanía necesita tener un Defensor del Pueblo que defienda los intereses de la gente y no sea un aliado del Gobierno”, lanzó.
En cuanto a la Resolución que indica la competencia de la provincia en su política sanitaria aseveró que “todos entendemos eso, y nadie lo niega”, pero “tiene la competencia dentro de las garantías constitucionales, no puede violentar los derechos y garantías”. “A la cabeza de los reclamos por los varados debería estar el Defensor y no lo está porque se puso a defender la violación sistemática que hace el Gobierno de la provincia sobre los derechos de los ciudadanos”, dejó en claro.

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