El Fiscal Federal Luis Benítez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre una mediación que se realizó ayer en el juzgado entre manifestantes que cortaban la Ruta Nacional 81 a la altura de Bartolomé de las Casas y autoridades a las que iban dirigidas los reclamos, para llegar a un acuerdo y evitar que se produzcan más cortes que compliquen el tránsito vehicular.
En la mediación, los manifestantes peticionaron un cambio del Presidente de la Comisión del Programa Habitacional denominado «Autoconstrucción» por el que hacían el corte, lo cual fue aceptado por todos los presentes y en consecuencia, las partes se comprometieron a levantar inmediatamente el corte.
También se acordó citar a una asamblea para proceder a la elección de una nueva Comisión del Programa Autoconstrucción que tendrá un total de nueve (9) miembros, procesos que se darán con la participación activa de las Autoridades del ICA y de la Defensoría del Pueblo, pudiéndose solicitar la presencia y colaboración de Asistentes Sociales del Ministerio de Comunidad de la Provincia a los efectos de verificar cuales son los grupos familiares más vulnerables y que cumplan con requisitos objetivos para acceder a cada módulo habitacional, de modo que las adjudicaciones tengan una fuerte transparencia sean consensuadas por los integrantes de la nueva Comisión y dejándose así de lado cualquier favoritismo o preferencias personales o políticas que han complicado siempre esta temática.
En ese marco el Fiscal Federal Luis Benítez en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló tras la instancia de mediación.
«En un principio se llegó a un acuerdo, hicimos la audiencia multipropósito a partir de la nueva ley que nos posibilitan ellos y por suerte las partes han arribado a un acuerdo», explicó.
«Se designará una nueva comisión para recibir unos materiales en este proyecto de «Autoconstrucción» y dar intervención a las autoridades del ICA y Defensoría del Pueblo para todos aquellos inconvenientes que puedan surgir en esta nueva comisión», explicó.
Asimismo aclaró que al cortar una ruta «el derecho penal es de última instancia y estas cuestiones de conflicto social no son convenientes, de hecho en la nueva ley de flagrancia no prevé esto como un delito que deba asignársele ese procedimiento pero sí prevé unas salidas alternativas de conflicto que son estas, la conciliación que se decidió, se le pidió al juez y él la aceptó, por suerte hemos llegado a un acuerdo que implica el levantamiento del corte de ruta y también la intervención de los organismos para la resolución de este tipo de conflictos».
Para finalizar contó que en este tipo de mediación no interviene solo la justicia sino que además de «los reclamantes y las autoridades reclamadas, en este caso era un conflicto interno pero tenía que ver también las autoridades que están asignadas para eso que son las del ICA, el Defensor del Pueblo por su parte en el rol de protector de los derechos de todos los ciudadanos».
