Los cupones PBI prometen ser un dolor de cabeza para el Gobierno de Alberto Fernández. En los tribunales norteamericanos ya son siete los fondos buitre que reclaman una compensación por considerar que la administración de Cristina Kirchner los perjudicó al decidir no pagar esos bonos en 2013 por un recálculo estadístico del Indec, por entonces intervenido.
Los juicios ya iniciados por los fondos especulativos supera los 870 millones de dólares, aunque aún no empezaron a desandar su camino en la justicia de primera instancia de Nueva York, por lo que se espera un desarrollo extenso de los litigios. Según el analista de Research for Traders, Sebastián Maril, entre los siete fondos que judicializaron el pago del cupón PBI están Aurelius, ACP Master y tres fondos londinenses.
El título público en cuestión fue emitido durante el canje de la deuda que había caído en default en 2001 que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. La particularidad del bono es que prometía dar una renta al tenedor en el caso de que la economía argentina cumpla un mínimo de crecimiento.
Por la fuerte aceleración de la actividad económica tras la salida de la crisis, esos bonos pagaron dividendos entre 2005 y 2011 en todos los años salvo en 2009, cuando hubo recesión. A partir de ese año, el estancamiento de la economía no volvió a habilitar pagos a sus tenedores. Pero el problema que ahora se judicializó empezó cuando el Gobierno decidió cambiar el año de referencia que se toma para medir la evolución del PBI -de 1993 a 2004-. Eso cambió el crecimiento que había tenido la economía en 2013, por lo que no llegó al 3% mínimo que ‘gatillaba’ los pagos a los inversores en ese año.
Según explicó Maril a TN.com.ar, el juicio que se inició en primer lugar fue el de Aurelius, en enero, por lo que en los próximos meses debería llegar el fallo de primera instancia. «No es casualidad que en las últimas semanas se hayan sumado más fondos, primero porque probablemente haya novedades con el caso Aurelius y segundo porque se definieron las elecciones y quizás prevean que un gobierno de Alberto sea menos duro a la hora de negociar», comentó.
El argumento central de los buitres es que la fórmula que implementó la administración kirchnerista fue técnicamente incorrecta. «Si bien el Estado estaba en su derecho a cambiar el año de base para calcular el PBI y el contrato de los bonos lo decía, los fondos argumentan que esa decisión -que les impidió cobrar intereses- fue en un contexto de crisis, en que no había reservas y desde el gobierno se ninguneaba a los tenedores de deuda que no aceptaron los canjes», apuntó Maril.
Aurelius es uno de los fondos buitre que acudió a los tribunales norteamericanos para reclamar por el default de 2001 luego de haber rechazado las ofertas de canje que hizo el Estado en 2005 y 2010. Junto al fondo de inversión NML fueron los principales litigantes en Nueva York, y su juicio terminó por otorgarle tras haber llegado a un acuerdo de pago con el gobierno de Mauricio Macri una ganancia de U$S760 millones, un 254% más del monto original que poseía.
Por otra parte, este martes una Cámara de segunda instancia de Nueva York falló a favor del Estado argentino en una demanda que realizaba un grupo de fondos buitre sobre la deuda impaga en la crisis de 2001. Son fondos con una tenencia menor de títulos públicos defaulteados (unos U$S75 millones entre seis litigantes) y que nunca aceptaron ni las ofertas de canje del kirchnerismo ni las de pago que hizo la actual administración.
