El juez Civil y Comercial N°3, Raúl López Uriburu, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del desalojo que se llevó a cabo el domingo a la mañana del edificio ubicado entre las calles Brandsen y Belgrano de esta ciudad, donde funcionaban 12 locales y había 35 mesiteros. Según contó, el 20 de diciembre del año 2017 la Municipalidad realizó una «Denuncia de Daño Temido», manifestando su preocupación por las condiciones del edificio y dos años después se ordenó el desalojo que es temporal hasta que verifiquen las condiciones del lugar y se determine si los propietarios o inquilinos pueden volver.
«En el marco de un proceso que había planteado la Municipalidad de la ciudad de Formosa se dispuso el desalojo y para eso tuvimos que transitar 2 años largos de proceso donde a cada persona de esos locales que tenía comercio, más la gente que estaba en la vereda y demás se los fue notificando, algunos pidieron plazos para poder retirar sus cosas hasta que finalmente se agotaron todas las prórrogas y tuve una audiencia informativa hace poco tiempo donde volví a citar a todas las partes, llamé a la Municipalidad, al oficial de justicia a cargo, a la Policía que era la que iba a brindar seguridad en el evento para informar a las personas cuál era el estado del expediente, qué iba a pasar, qué pretendía porque hay que recordar que es un área muy sensible, está en pleno centro de nuestra ciudad capital y realmente transita mucha gente por ahí y se tuvo por acreditado tras ser dictadas dos sentencias, una en primera instancia como en la Cámara, la posibilidad de derrumbe del edificio», explicó.
Asimismo contó que «la demanda se presentó el 20 de diciembre del año 2017 donde la Municipalidad hizo uso de un articulo del Código Civil y Comercial, donde se llama Denuncia de Daño Temido manifestando su preocupación por el estado del edifico, inicialmente se llamó a un especialista del Poder Judicial para que vaya y constate, se constató las personas que estaban, el estado del edificio y después la doctora Consolani que era juez subrogante del Juzgado Civil N°3 dictó sentencia, fue apelada, la Cámara Civil y Comercial también confirmó, hizo unos pequeños cambios en el fallo pero básicamente confirmó la posibilidad cierta de que el edificio estaba en riesgo de derrumbe con lo cual ordenó en el fallo una serie de medidas a llevar adelante para el desalojo de las personas y brindar seguridad a todos, tanto para personas que estaban ahí como a las personas que pasan diariamente por la vereda, por la calle de este lugar».
Explicó además que «la Municipalidad trajo numerosa y abundante documentación para avalar que se procedió al desalojo de 12 locales tanto de 8 por la calle Belgrano y 4 por la calle Brandsen con las respectivas personas que estaban tipo mesiteros, ahí hay propietarios, locatarios, ocupantes, la situación jurídica de cada persona puede llegar a ser diferente, lo que sucede es que el motivo principal, la causa fuente de todo esto es el peligro de derrumbe del edificio, ahí no interesaba la cantidad de ocupantes porque lo que había que hacer era desalojar para proceder y hacer un estudio cierto y concreto de todo el edificio para ver el estado en que está, si hay que apuntalarlo o cuáles son las medidas a seguir».
Aclaró además que «cuando la Cámara dictó el fallo le puso una serie de pautas y requisitos a seguir, entre eso estaba hacer un análisis de verificar cómo está el edificio realmente porque hay un peligro cierto de que el edificio puede derrumbarse por su antigüedad, por numerosas modificaciones que se hicieron adentro, entonces ahora tiene que entrar un perito especialista en estructura para realmente determinar fehacientemente qué va a pasar con el edificio, en qué estado está, si realmente se está por caer o si con apuntalar ciertas áreas, vigas, ya podríamos disponer otra vez el regreso porque es un desalojo temporal justamente porque ahí tenemos propietarios, inquilinos, ocupantes, hay propietarios que quieren volver a su casa, a su local».
Al ser consultado sobre porqué se llevó a cabo un domingo por la mañana detalló que «cuando un juez dicta un tipo de medidas como esta lo que hace es firmar una orden que se llama mandamiento de desalojo donde lo faculta al oficial de justicia que tome esa medida de desalojar y le da las facultades que puede tener, es decir que podría ser los días hábiles o también librado con habilitación de días y horas inhábiles, en este caso yo firmé el mandamiento con esa condición de días y horas inhábiles, es pleno centro de nuestra ciudad y ahí siempre hay mucho movimiento de gente, iba a ser un inconveniente mayor porque había que cortar la calle, habían camiones, personal para ayudar a la gente a sacar sus cosas, eso iba realmente a modificar, también por la cantidad de personas a desalojar se necesitaba mucho tiempo, por eso en buen criterio se trató de elegir un día donde se genere el menor perjuicio posible y la gente pueda trabajar tranquila, había personas que incluso retiraron chapas que pusieron afuera y eso no creo que hubiera sido muy factible en un día hábil donde realmente hay mucha circulación en esa zona».
Para finalizar contó que «se le pidió a la Cámara entre otros requisitos, un plan de trabajo, entonces la Municipalidad manifestaba por ejemplo que tenían 5 días para hacer el vallado definitivo que va a impedir que la gente pueda entrar y así poder trabajar tranquilos como se hace en cualquier obra de construcción y a partir de ahí, tienen un plazo de 90 días para ver la ejecución de la obra, en función de eso tenemos que ir mirando y viendo cómo avanza para saber qué es lo que va a pasar».
«Tras el desalojo se debe verificar el estado del edificio», dijo el juez Raúl López Uriburu
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