El caso se volvió viral en enero de 2020. La pista de la deuda bancaria
Alguien le tenía que llevar los víveres al prófugo por abuso sexual más conocido de la Argentina. En marzo de 2020 -comienzo del aislamiento obligatorio por el coronavirus, una literal cuarentena mientras el mundo se caía a pedazos-, un detective de la Policía Federal se sentó en un auto estacionado cerca de un country de la zona norte del Conurbano para encontrar a Leandro Martínez. El detective había obtenido un dato que indicaba que el hombre se escabullía entre barrios privados, que su entorno más directo lo apoyaba, en línea siempre por WhatsApp. Incluso, había oído que ciertos miembros de ese entorno mantenían encuentros con él.
La cara de Martínez ya se había vuelto una figura común. Ex ejecutivo de una multinacional, había sido filmado por una cámara de seguridad hogareña mientras abusaba de una nena en ese entonces de 12 años que lo llamaba su tío. Las filmaciones datan de 2018, pero se conocieron dos años después.
El parentesco no es cercano: Martínez es el marido de una prima del padre de la nena. Sin embargo, lo llamaba así, “tío”. Las capturas de esa filmación también se volvieron virales.
Asi, Martínez se dio a la fuga a fines de enero de ese año, dejó a su familia y el country en Moreno donde vivía. Rápidamente, Interpol colocó una circular roja en su contra, Había pruebas grotescas para acusarlo, testimonios que se leían de forma horrible en el expediente, en ese entonces a cargo de la UFI N°11 de Morón con el fiscal Pablo Masferrer.
Se cree que abusó de su sobrina no una sola vez, sino cuatro veces a lo largo de dos años, según la imputación de la UFI N°11, con una querella en un momento motorizada por el abogado Juan Pablo Gallego, que logró la condena al padre Grassi. La defensa de Martínez prófugo, en un momento a cargo del abogado Luis Rappazzo, incluso llegó a plantear que si se le reducía la calificación se entregaría. Nunca lo hizo.
Casi tres años después, Martínez sigue prófugo. Muchas cosas cambiaron en la historia, pero esa celda con su nombre sigue vacía.
El querellante Gallego ya no está en el expediente, el fiscal Masferrer tampoco: la causa fue trasladada al fuero de Moreno, con una investigación a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo.
