
La Defensoría del Pueblo reiteró, una vez más, el pedido urgente a la empresa Unitán Saica para que informe sobre las medidas preventivas que implementará para evitar nuevos incendios que ponen en riesgo la vida y los bienes de los vecinos de la zona. El reclamo se produce en el contexto de los recientes siniestros ocurridos en las instalaciones de la firma, especialmente el incendio del 6 de enero de 2025, que preocupó a la comunidad, en particular a los habitantes del Barrio Bernardino Rivadavia Ex Lote 4 y áreas adyacentes.
En respuesta a este requerimiento, Lisandro Martín Labombarda, Apoderado Legal de Unitán Saica, presentó un descargo por escrito, donde la empresa sostiene que el incendio fue causado por un “piromaníaco” que, según la firma, utilizó productos acelerantes para iniciar el fuego en las instalaciones. Labombarda subrayó que la empresa había realizado una investigación interna y aseguró que este tipo de hechos son producto de acciones deliberadas y malintencionadas. En su descargo, también lamentó que en la sociedad actual sea más fácil cuestionar a las víctimas que responsabilizar a los delincuentes, en alusión al supuesto autor del incendio.
El representante legal de Unitán expresó su preocupación de que, si el autor del siniestro no es detenido, este tipo de hechos se repetirán, con consecuencias cada vez más graves tanto para la empresa como para los vecinos. En este sentido, advirtió que el segundo incendio registrado fue «más premeditado y agresivo» que el primero, por lo que instó a las autoridades a actuar con rapidez.
Por su parte, el Defensor del Pueblo provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó la postura de la empresa y destacó que Unitán Saica no puede victimizarse ante la sociedad.
En su declaración, Gialluca señaló que la firma debe tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los vecinos, implementando medidas preventivas eficaces y cumplimentando sus responsabilidades empresariales. También remarcó que, más allá de las sospechas de la empresa, es esencial que Unitán actúe como querellante en la investigación judicial, aportando pruebas que sustenten su versión de los hechos.
El Ombudsman provincial hizo hincapié en que la empresa tiene la obligación de proteger la seguridad de la comunidad, sin descuidar sus responsabilidades ambientales, especialmente en lo que respecta a los efluentes gaseosos y particulados que se generan en su proceso productivo. «Es fundamental que se garantice a los vecinos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación», concluyó Gialluca.
Este intercambio pone de manifiesto la creciente tensión entre la empresa y la comunidad, con las autoridades exigiendo a Unitán Saica una respuesta contundente y responsable frente a los riesgos que sus operaciones representan para los habitantes cercanos a la planta.