Así surge de un relevamiento de LA NACION entre jueces, fiscales y camaristas que siguieron de cerca el proceso; la duda es si la sentencia es solo por fraude o si también es por asociación ilícita
Después de un juicio oral y público que duró tres años y medio, la vicepresidenta Cristina Kirchner podría ser condenada mañana a una pena de entre 5 y 8 años de prisión y quedar inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos, según la mirada mayoritaria de una veintena de jueces y fiscales federales que siguieron el proceso del denominado caso Vialidad. Aunque hay diferencias entre los consultados acerca de si la sentencia será solo por haber cometido fraude al Estado o si además se la considerará jefa de una asociación ilícita.
Estas conclusiones son producto de un relevamiento realizado por LA NACION entre jueces, fiscales y camaristas federales de todas las instancias. Los jueces que deben decidir, los del Tribunal Oral Federal N° 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, mantienen un máximo hermetismo sobre el contenido del veredicto. Gorini presidirá el tribunal al momento de la lectura.
Si Cristina Kirchner es sentenciada, sería la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.
En caso de que Cristina Kirchner sea condenada, no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
El fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la acusación en el juicio, pidió que la vicepresidenta sea condenada a la pena de 12 años de prisión al considerarla jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública en concurso real. Solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5321 millones de pesos, unos 17 millones de dólares en el mercado marginal.
Para el fiscal, Cristina Kirchner cometió la mayor maniobra de corrupción que se conoció en el país en 40 años. Argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo, además, que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario y sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
Para mañana se analiza establecer un operativo de seguridad especial, con un vallado alrededor del edificio de Comodoro Py. El operativo se pondrá en marcha hoy y mañana. Hay una obra en marcha en tribunales y como hay escombros sueltos se tomaron recaudos.
Se reforzará la seguridad a pesar de que la audiencia será virtual. Solo los jueces estarán en la sala de audiencias. Los acusados y sus abogados seguirán el veredicto conectados al Zoom. Lo mismo hará el fiscal Luciani, desde su despacho. La seguridad exterior del edificio depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, informaron en tribunales.
Diferencias y especulaciones
Las diferencias en torno a la pena que podría recibir la vicepresidenta se dan principalmente porque se analiza en tribunales si va ser condenada solo por fraude o también por asociación ilícita. Si bien son muchos los funcionarios judiciales que entendieron que se logró probar la asociación ilícita, son cautos a la hora de especular.
En esta idea arriesgaron la posibilidad de una condena unánime de los tres jueces del tribunal por administración fraudulenta y una absolución por asociación ilícita en voto dividido.
Para sostener esta idea, circuló en Comodoro Py por diversos pisos una teoría que aplica a todo el espectro partidario: la aplicación de la asociación ilícita irritaría a la política. “¿Qué intendente, o gobernador no tiene un empresario amigo proveedor en la obra pública’”, repitieron el argumento temerario al menos tres de los funcionarios consultados.
“Hay argumentación jurídica para condenar, pero, habiendo caminado mucho asfalto, no veo a la justicia federal condenando por asociación ilícita a un mecanismo de adjudicación de obras, no lo creo”, opinió un experimentado magistrado.
Los que adhieren a la idea de que solo habrá una condena por fraude –escenario que está dentro de los calculado por la fiscalía, aun cuando la convicción es que hay elementos para condenar por ambos delitos- especulan con que la pena podría ser de unos 5 años de cárcel. Esto teniendo en cuanta que la pena máxima para este delito es de 6 años y que Cristina Kirchner no tiene antecedentes (lo que es un atenuante), pero al mismo tiempo ostentaba el más alto cargo de la República y se trata de lo que en derecho se llama infracción de deberes específicos ligados a su función.
Los más estrictos, que analizan que se impondrá una condena por ambos delitos, creen mayoritariamente que la pena sería de 8 años de prisión. Los más severos hablan de 10. El argumento aquí –señalaron los funcionarios consultados- es explicar que no se trata de que un gobierno sea considerado una asociación ilícita sino que determinados integrantes pudieron haberla conformado de manera continuada para cometer delitos indeterminados.
