El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentra “virtualmente paralizada” y denunció el incumplimiento de la orden judicial que obliga al organismo a reparar los tramos más deteriorados de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, que atraviesan el territorio formoseño.
Según explicó el funcionario, la DNV reconoció carecer de recursos económicos, humanos y materiales para cumplir con lo dispuesto por el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, en el marco de la causa “Fundación Padres Unidos Por El Dolor y Otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Incidente de Medida Cautelar” (Expte. FRE Nº 4526/25).
La resolución judicial, dictada tras una presentación de la Defensoría del Pueblo provincial en junio de este año, ordenaba que en un plazo de 90 días la DNV realizara tareas de reparación en puntos críticos de las rutas nacionales, detallados en un informe técnico con coordenadas precisas. El relevamiento señalaba baches, calzadas intransitables, banquinas abandonadas, puentes con declives abruptos y falta de señalización, entre otras deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.
Cumplido el plazo, Vialidad Nacional presentó un escrito pidiendo una prórroga, alegando haber ejecutado “algunos trabajos menores”, pero aclarando que no pudo avanzar en las obras principales “por cuestiones presupuestarias”.
Gialluca cuestionó ese argumento y remarcó que el titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional, Ing. Víctor Padilla, “sabe que el presupuesto destinado a la DNV muestra un fuerte nivel de subejecución”. En 2024 —detalló—, el recorte en obras superó el 50%, mientras que las transferencias a provincias apenas alcanzaron el 5% de ejecución.
La situación se agravó este año: hasta abril de 2025, la construcción de rutas nuevas registra solo el 0,1% de ejecución, la repavimentación un 2,7%, y las obras de seguridad vial un 0%, lo que —según el Ombudsman— demuestra que el organismo “está prácticamente paralizado”.
Otro aspecto
Otro aspecto crítico señalado es la recaudación del Impuesto a los Combustibles, que por ley debería destinarse al mantenimiento de la red vial nacional. En 2024, de los $360.000 millones que correspondían a Vialidad, solo ingresaron $149.000 millones; y en lo que va de 2025, apenas se transfirieron $40.000 millones de los $129.000 millones previstos.
“El Gobierno Nacional no tiene en su agenda la reparación y reconstrucción de las rutas a su cargo”, sostuvo Gialluca, quien añadió que la falta de inversión “agrava la inseguridad vial y afecta el desarrollo económico de las provincias del norte”.
El funcionario también manifestó su preocupación por el presupuesto 2026, que si bien contempla fondos para obras viales, prevé recortes significativos en infraestructura general, lo que —afirmó— podría “repetir el escenario actual de inacción”.
“El Gobierno Nacional debe dejar de menospreciar la importancia de las provincias en el actual contexto político, institucional y económico, y garantizar que todos los distritos participen en la planificación y ejecución de obras esenciales”, subrayó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, Gialluca advirtió que la falta de fondos o la demora en su ejecución no eximen de responsabilidad civil ni penal a los funcionarios nacionales a cargo de los distritos de Vialidad. “Los siniestros viales y las averías en vehículos siguen ocurriendo como consecuencia directa del estado calamitoso de las rutas nacionales”, concluyó.
