Colegas y graduados, hace ya un tiempo que el gobierno provincial se ve desesperado por el control pleno de la la Universidad Nacional de Formosa, sobre todo por el manejo de su estructura financiera como lo han manifestado miembros de los distintos claustros en reportes periodísticos.
Las luchas descomunales que se han planteado entre quiénes defienden la autonomía universitaria y los séquitos del gobierno provincial han llevado al retroceso en materia de derechos y garantías de los distintos estamentos universitarios, como son las libertades individuales de elegir y ser elegidos. Las maniobras fraudulentas de la actual Junta Electoral Permanente que junto con la mayoría del Consejo Superior, adicta al régimen que gobierna nuestra provincia hace ya casi tres década, han sido una constante para garantizar la pérdida de esas libertades.
Una manera especial de combinar las estrategias fraudulentas es aplicar con ellas métodos de apriete y compra de voluntades para dejar sin efecto una resolución, eliminar a la mayoría de los padrones y para hacer caer una lista o un candidato por el temor de que los resultados no sean favorables. Este clientelismo y persecución son el derivado de una corriente ideológica que operó y sigue operando en diversos sectores políticos.
Ahora bien, la preguntas qué nos debemos hacer hacer como parte del sistema universitario, por el momento son dos: ¿Sólo les interesa el manejo financiero de la UNaF? ¿También tienen la intención de avanzar en el ámbito académico? La respuesta es simple. Hace ya un tiempo que en materia de política educativa la provincia viene trazando un camino paralelo al dispuesto desde la universidad, generando competencia laboral para nuestros graduados en un espacio reducido. Un claro ejemplo es: la creación del Profesorado en Historia, Profesorado en Química, Profesorado en Física, Profesorado en Lengua y Literatura, Profesorado en Biología, etc. Otro ejemplo claro es el caso de Psicopedagogía que cuenta con la formación y herramientas más reconocidas en nuestro país, pero en cambio el gobierno no sabe que hacer con estos profesionales (llenando el cargo de orientador escolar con personas que no cuentan con elementos, ni estrategias para desempeñar esa función) y por ello desde hace ya varios años exige el cierre de la carrera.
Por lo tanto que te hace pensar que una vez que el gobierno de la provincia maneje a sus antojos los consejos directivos y el Consejo superior no va a implementar una reformulación de ofertas académicas proponiendo el cierre de carreras que, por ejemplo en la Facultad de Humanidades se dictan. Si esto ocurriera lo que estaría en juego de manera inmediata sería la situación laboral de cada docente y con ello la estabilidad económica de los mismos.
